El acusado de asesinar de al menos seis disparos al kiosquero Roberto Sabo, durante un asalto cometido en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, se negó a declarar ante el fiscal de la causa, aunque después se quebró en llanto y rogó “por favor” que no le “pidan la prisión perpetua”, informaron calificadas fuentes judiciales.
Se trata de Leandro Daniel Suárez (29), un joven que estuvo casi seis años preso por robo y hurto en una cárcel federal y recuperó la libertad en agosto de 2020, y a quien ahora le imputaron el delito de “homicidio agravado” del comerciante, delito que, justamente, prevé la pena máxima de nuestro ordenamiento penal.
“Por favor, no me pidan la prisión perpetua. Me quiero morir”, fueron las palabras que utilizó el acusado, según una fuente de la investigación, en su indagatoria ante el fiscal Federico Medone.
Los mismos voceros informaron que Suárez fue imputado del “homicidio agravado criminis causa, por el uso de arma de fuego” de Sabo y también de “robo calificado -dos hechos-, hurto de vehículo, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, portación ilegal de arma de guerra”, todo ello agravado por la “participación de un menor de edad”.
Los pesquisas por estas horas esperan los resultados finales de la autopsia al cuerpo de Sabo, quien presentaba al menos seis orificios de bala en la zona del cuello y el tórax.
Al respecto, la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, detalló que en poder del acusado se secuestraron una pistola .765 semiautomática con la “numeración suprimida” y un revólver Italo calibre .22, con el que se cree disparó contra el comerciante y le provocó la muerte en cuestión de minutos.
En relación a la situación de la adolescente de 15 años que acompañaba a Suárez, se supo que quedó a disposición del fiscal Pablo Insúa, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del mismo Departamento Judicial.
Allegados a la pesquisa indicaron que, a pedido del fiscal, el juez de garantías del Joven, Gustavo Indovino, dispuso que la chica quede alojada en el Instituto Centro de Admisión y Derivación de Jóvenes de San Martín, como medida de seguridad, ya que, por su edad, es inimputable para le ley y se le debe aplicar un encierro preventivo por cuestiones de peligrosidad.
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