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El fiscal penal de La Plata Marcelo Romero investiga por la presunta comisión de delitos de acción pública a la titular del Juzgado de Familia 7 de La Plata, Karina Bigliardi, en la actualidad licenciada en sus funciones por la Suprema Corte bonaerense, en el marco de un proceso iniciado en 2019 por denuncias de personal judicial sobre "abuso de poder, malos tratos" y práctica anti sindical habida cuenta de expresiones que se le atribuyen a la ahora suspendida magistrada en el sentido de que "acá el sindicato no entra" .
En tal sentido, voceros judiciales indicaron que en la fiscalía se inició la investigación en base a la denuncia realizada por el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, dirigida al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados.
En rigor, en la UFI 6 de La Plata, a cargo del fiscal Romero, se inició un trámite de información sumaria, que consiste en recabar la prueba ofrecida, entre ella la declaración de todo el personal del juzgado. Entre esas declaraciones -agregaron- se destaca que varias empleadas habrían declarado que "la jueza les pedía que no se embaracen y se congelen los óvulos, porque no quería licencias en su juzgado".
También explicaron que el fiscal investiga a la doctora Bigliardi bajo sospecha de haber incurrido, al menos, en el delito de "abuso de autoridad", y que una vez culminada la información sumaria, ya que como es jueza tiene aún fueros no se le puede iniciar un proceso ni indagarla, le pedirá al Jurado de Enjuiciamiento el desafuero de la denunciada.
Las fuentes detallaron que "luego de ello el fiscal estará habilitado para notificarla de la formación de una causa en su contra, y -en caso de haber elementos probatorios suficientes- indagarla y procesarla".
En la denuncia en contar de la magistrada, que motivó su licencia, entre otros cargos, se la acusa de "extender las jornadas laborales, el no respeto a la carrera judicial, violencia verbal, psicológica y falta de respeto a propios extraños" .
Cabe destacar, que la suspensión de Bigliardi, en principio, por 90 días, se suma el envío del caso al Jurado de Enjuiciamiento para su análisis y procedimiento para su posible destitución.
Desde el gremio judicial se consideró "histórica" la resolución que dispuso el licenciamiento de la jueza y se destacó la intervención del fallecido presidente de la Suprema Corte Eduardo de Lázzari, quien recibió en su momento a los denunciantes.
Ahora las actuaciones que lleva adelante el fiscal Romero "podrían derivar en el desafuero de la magistrada y su procesamiento, y que lo instruido por el fiscal sea tomado también como prueba para el jury", explicaron voceros de Tribunales.
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