Durante la cuarentena decretada por el Gobierno nacional, los delitos de robo disminuyeron. Pero ese alivio fue transitorio. Con las primeras aperturas los casos comenzaron a crecer hasta convertir a la Ciudad en un terreno difícil por la inseguridad.
Con la pandemia se agilizaron también los beneficios de morigeración a la prisión efectiva, como las salidas transitorias. Bajo ese régimen estaba Miguel Ángel Gaitán Palacios, alias “El Yeti”, el 6 de septiembre pasado, cuando supuestamente baleó a un kiosquero para asaltarlo en el local de 54 entre 8 y 9.
A fines de ese mes, detectives de la DDI allanaron dos unidades penitenciarias de La Plata por causas distintas. Primero registraron la 9, en Villa Elvira, por las presuntas estafas que al menos 7 reclusos estarían cometiendo con celulares y computadoras desde el pabellón que los aloja, y la 12, en Gorina, donde había estado Palacios. Después de identificarlo como el autor del atraco en el Centro, le imputaron uno nuevo en la misma zona, presuntamente cometido junto a otro interno que tenía salidas transitorias de la misma cárcel. En su celda secuestraron, entre otras cosas, un teléfono celular.
No era ilegal. En el arranque de la cuarentena, el juez de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, indicó que “a efectos de evitar someter a las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires a una situación de ostracismo que en el marco de la actual pandemia importa un sufrimiento incompatible con el trato humanitario reclamado por la normativa constitucional, es mi opinión que resulta prudente autorizar el uso de telefonía celular a los fines del mantenimiento de los vínculos familiares de los internos”.
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