Vidal se enfrenta con los intendentes del PRO

Hace algunas semanas, María Eugenia Vidal le anticipó a varios legisladores bonaerenses que haría todo lo que estaba a su alcance para evitar que se reforme la ley que limita las reelecciones de los intendentes a dos períodos consecutivos. “Es mi legado”, lanzó la ex gobernadora, quien pretende ser recordada por haberle puesto un freno a la eternización en el poder de los barones del Conurbano.

Y en las últimas horas puso manos a la obra. Aún a riesgo de enfrentarse con intendentes de su propio partido y del radicalismo que pugnan por una reforma para poder presentarse una vez más en 2023, emitió un documento avalado por varios dirigentes de su espacio en el que reafirma su posición contraria a cambiar la normativa vigente.

“Este año, a través del voto, todos los argentinos han sido claros y contundentes: quieren cambiar y están hartos de los ‘atajos’ políticos y de las normas solo se cumplen cuando conviene, por eso nos comprometemos a no votar nada que directa o indirectamente permita que los intendentes que asumieron en 2015 y reeligieron en 2019 puedan volver a presentarse”, arranca la misiva que suscriben, además de la ex mandataria, el diputado nacional Cristian Ritondo y los legisladores provinciales Walter Lanaro, Owen Fernández, Alex Campbell, Daniel Lipovetsky, Johanna Panebianco, Santiago Passaglia, Anastasia Peralta Ramos, Matías Ranzini, Sergio Siciliano, Noelia Ruiz y Juan Carrara.

“La ley 14.836 que puso fin a las reelecciones indefinidas es un punto de inflexión que garantiza que nadie se adueñe del poder y que nunca más haya ‘barones’ ni en el Conurbano ni en ningún otro lugar del interior”, señala la carta. Y añade: “Además no podemos permitir que una ley, que ya se aplicó, ahora se quiera modificar, imponiendo privilegios de algunos sobre otros ya dentro del mismo sistema político. A todo eso la gente le dijo basta”.

Así, el vidalismo y sus terminales en la Legislatura salieron a plantear su rechazo a los cambios a la ley que vienen empujando el peronismo, varios intendentes del PRO y el radicalismo.

La idea del Frente de Todos (los legisladores de Sergio Massa se oponen) es que la reforma para que los intendentes puedan volver a presentarse en 2023 se vote el martes que vienen en la misma sesión en la que se prevé debatir el Presupuesto 2022. Lo que se busca es que el mandato que se inició en 2015 no se tome como primer período sino el de 2019, con el argumento de que como la ley se sancionó en 2016, se terminó legislando en forma retroactiva. De esta forma, en 2023 los alcaldes electos en 2019 podrían volver a presentarse.

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fractura

La postura del vidalismo expone la fractura del PRO en relación a este tema y mete presión en horas de definiciones respecto de este proyecto que empujan los intendentes del peronismo, como se dijo, con el guiño del radicalismo y de alcaldes del partido creado por Mauricio Macri.

En fuentes partidarias se interpretaba que las expresiones públicas del vidalismo buscaban torpedear el principio de acuerdo -algunos dicen muy avanzado- para que la reforma a la ley se apruebe el martes en la sesión donde se tiene previsto sancionar el Presupuesto y la ley Impositiva, además de la ley de Ministerios.

En medio de esa confrontación que va en aumento, anoche comenzó a trascender la posibilidad de que el proyecto de reforma a la ley de las re-reelecciones quedara para marzo, en busca de descomprimir un conflicto que también afecta al Frente de Todos porque los legisladores que responden a Sergio Massa (co-autor de la ley con Vidal) tampoco están dispuestos a levantar la mano.

En forma paralela, la Fiscalía de Estado de la Provincia apeló el fallo que favorecía la reelección indefinida de intendentes, concejales y legisladores provinciales al suspender la aplicación de la ley en favor de la concejala de Malvinas Argentinas Andrea Pavón, que inició una demanda.

Pavón, quien asumió en 2015, solicitó que no se tomara esa primera gestión como concejala ya que la norma había sido sancionada al año siguiente. El juez de San Martín Aníbal Ocampo aceptó el planteo y dictó una medida cautelar que suspendía la aplicación del artículo 7º de la Ley Nº14.836 sosteniendo que debía tomarse como primer mandato el iniciado en 2019.

“La discusión respecto la retroactividad de la norma, la eventual existencia de derecho adquiridos por la actora al mantenimiento de un régimen electoral señalados por el juzgador de grado, con notorio exceso de jurisdicción, tanto así como la propia constitucionalidad de la norma descalificada para el dictado de la cautelar, son cuestiones que deben supeditarse a la discusión en un proceso pleno”, sostiene la apelación.