La constitución a medida del presidente de Bielorrusia

La nueva Constitución bielorrusa, que será sometida a referéndum en 2022 limita a dos los mandatos presidenciales e impide la persecución judicial del actual líder de la antigua república soviética, Aleksandr Lukashenko. Según el artículo 81 del proyecto publicado, el futuro jefe de Estado sólo podrá ostentar el cargo durante dos mandatos de cinco años cada uno, cláusula que ya existía, pero que Lukashenko modificó en 2004 para perpetuarse en el poder.

Dicha cláusula no incumbe al actual presidente, sino al que será elegido en caso de celebración de nuevos comicios, algo que Lukashenko adelantó la pasada semana.

El candidato presidencial debe tener más de 40 años de edad, residir en el país durante los últimos 20 años y carecer de ciudadanía de otro país.

El presidente sólo puede ser destituido por la Asamblea Popular de Toda Bielorrusia, que es acuñada en la Carta Magna como “máximo órgano representativo”.

El proyecto precisa que el jefe del Estado será relevado en caso de violación burda o sistemática de la Constitución, alta traición u otro crimen grave.

Durante los cinco años de mandato dicha asamblea, que estará integrada por miembros de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de la sociedad civil, y diputados municipales, se ocupará de determinar la política interior y exterior, la estrategia de desarrollo económico y la doctrina militar y de seguridad nacional.

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También podrá declarar el estado de emergencia o la ley marcial, enviar tropas al extranjero, proponer enmiendas a la Constitución y la celebración de referéndum, y también valorar la legitimidad de los procesos electorales.

El artículo 89 dictamina que, una vez abandonado el cargo, el presidente no podrá será perseguido judicialmente, lo que garantiza la inmunidad de Lukashenko, en el poder desde 1994.

Violencia

Lukashenko, que según la oposición fue reelegido de manera fraudulenta en agosto de 2020, es acusado de ordenar la represión violenta de las protestas antigubernamentales, la tortura de los detenidos en los centros de reclusión y las condenas sumarias a largas penas de cárcel de políticos, activistas y periodistas.

La Constitución defiende el derecho de reunión, incluido la celebración de manifestaciones, mítines y piquetes, al igual que el derecho de asociación en forma de formación de partidos, aunque el régimen reprimió violentamente las pacíficas protestas opositoras que estallaron tras el fraude electoral.

También se aumenta a cinco años el mandato del Parlamento bicameral conocido como Asamblea Nacional e integrada por la Cámara de Representantes y el Consejo de la República.

Según la Carta Magna, el ruso y el bielorruso son los idiomas oficiales del Estado; se prohíbe la financiación electoral extranjera y se promueve el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos.

Además de defender el arreglo pacífico de los conflictos y no injerencia en los asuntos de otros países, descarta una agresión militar a otro país desde el territorio nacional.

En un intento de superar la crisis política en 2020, Lukashenko acordó con el presidente ruso, Vladímir Putin, que reformaría la Constitución.

No obstante, la oposición teme que Lukashenko modifique la Carta Magna para seguir en el poder, sea como jefe del Estado o como presidente de la Asamblea Popular de Toda Bielorrusia.

La oposición en el exilio demanda nuevas elecciones sin la participación de Lukashenko, la puesta en libertad de todos los detenidos y el procesamiento judicial de los funcionarios que ordenaron la represión violenta de las protestas. (EFE)