Desplazan de la AFIP a funcionarios que investigaron a Cristina y a Báez

Al menos 40 funcionarios y empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que investigaron a la familia Kirchner, a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez o al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, habrían sido desplazados de sus cargos y reasignados a tareas menores. Se trata de personal que se desempeña (o desempeñaba) en delegaciones de La Plata, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.

Y mientras que a algunos les asignaron tareas administrativas, otros ni siquiera contarían con computadora o escritorio para trabajar, según publicó ayer el diario La Nación en una nota en la que se abundó en las “represalias” que habrían sufrido funcionarios, contadores, abogados, auditores y hasta un informático a los que se les habría recortado el sueldo y ubicado en el nivel más bajo del convenio laboral. Los hechos desencadenaron al menos una denuncia que ya tramita en la Justicia Federal de La Plata.

Entre los funcionarios “castigados” por investigar a los Kirchner durante el gobierno de Mauricio Macri se mencionó a Jaime Mecikovsky, que de ser subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior fue enviado al área de “almacenes”, uno de los puestos más bajos del escalafón.

La “purga” habría alcanzado también a cuatro funcionarios que acataron la orden que emitió la Justicia Federal de Río Gallegos en 2017 para que la AFIP analizara las declaraciones tributarias de Cristina y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. También los auditores que evaluaron si el procedimiento había sido correcto o se había registrado un “hostigamiento fiscal” contra la familia Kirchner fueron desplazados, con merma salarial, tras negarse a firmar las conclusiones de ese informe. Precisamente, la versión de la actual conducción de la AFIP es que durante la presidencia de Macri hubo un “lawfare” administrativo contra los Kirchner y que habrían sido víctimas de un “hostigamiento fiscal” realizado por un “grupo de tareas” que funcionaba dentro del organismo.