El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense desestimó los cargos formulados contra el juez de Garantías Juan Pablo Masi , quien ahora será restituido en su cargo, tras haber estado suspendido desde septiembre de 2019, por una resolución de la Corte provincial.

En ese sentido, voceros judiciales indicaron que se trata de “una resolución inédita en la Provincia, ya que es la primera vez que un juez es restituido luego de ser licenciado y con pedido de jury, por desestimación de la denuncia que originó este proceso y sin que se realice el juicio, por aplicación del artículo 34 de la ley de enjuiciamiento de magistrados. Sólo se aplicó la citada norma en procesos seguidos a algunos fiscales bonaerenses, pero nunca para un juez”.

En este caso, entre otras duras definiciones contra la parte acusadora, el Jurado entendió, aplicando doctrina de la Corte de la Nación, que recepta el máximo tribunal bonaerense, que “los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias, porque el proceso de enjuiciamiento a magistrados no sustituye a las apelaciones. Las discrepancias con los fallos de un juez no pueden se motivo de reproche disciplinario ni de remoción, simplemente para eso están las instancias ordinarias”, es decir, si no te gusta la resolución del juez hay que apelar y no hacerle una denuncia”.

“En esta caso particular, el jurado dijo que en la denuncia se aprecian sólo meras discrepancias con los decisorios netamente jurisdiccionales. El magistrado puede estar equivocado o no, pero ellos no es motivo de un jury, para ello están las instancias ordinarias”, explicaron los voceros consultados.

Masi fue licenciado a partir de un informe que escribió la fiscal penal de La Plata Cecilia Corfield en una causa que abrió a partir de una denuncia que hizo el por entonces presidente de la Corte, Eduardo de Lázzari, por el sobreseimiento que el juez dictó hace 10 años en favor del ex gobernador Daniel Scioli, un ex funcionario de su administración y los familiares de éste. Luego la jueza Marcela Garmendia envió a la Corte el resolutorio de Corfield y también el suyo, por el que ordenó a la fiscalía su remisión a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.