LONDRES
El periódico “The Guardian” ha sugerido que los abogados personales de la reina Isabel II presionaron con éxito al Ejecutivo del conservador Edward Heath en los años ’70 para modificar un proyecto de ley a fin de ocultar parte de su fortuna.
Estas revelaciones son parte de una amplia investigación sobre la capacidad de “consentimiento” de la jefa de Estado en materia parlamentaria cuando se debaten proyectos de ley que puedan afectar a los intereses de la Corona británica.
Ese proceso es distinto de la llamada “sanción real” (ratificación), que se aplica cuando Isabel II da su visto bueno formal a una ley aprobada por el Parlamento británico.
A raíz de la investigación, el periódico indicó que la Reina o el príncipe Carlos, heredero de la corona, accedieron a más de mil borradores de leyes antes de que fueran presentados a los diputados para su aprobación.
Esos textos muestran, según la prensa, que Isabel II, preocupada porque una nueva ley pudiera forzarla a revelar sus intereses privados en compañías, envió a sus abogados a presentar su caso ante el entonces ministerio de Comercio.
“The Guardian” sugiere que el acceso de la Reina al borrador legislativo, en virtud de ese poder de “consentimiento”, le permitió influir en la redacción definitiva de la ley para su ventaja.
En concreto, el periódico hizo una lista de 1.062 proyectos de ley que estuvieron sujetos al consentimiento de la reina Isabel II desde su llegada al trono el 6 de febrero de 1952.
Se trata de una variedad de piezas legislativas que afectaban a sus propiedades en Balmoral (Escocia) y Sandringham (Inglaterra).
El palacio de Buckingham desmintió las supuestas presiones.
Según la lista de las personas más ricas del Reino Unido que publicó el año pasado “The Sunday Times”, la fortuna personal de Isabel II se estima en unos 350 millones de libras (395 millones de euros). (EFE)
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