En las últimas horas se presentó un proyecto para crear una comisión bicameral con el objetivo de controlar y garantizar transparencia en todo el proceso de vacunación COVID19 en la provincia de Buenos Aires. El texto lleva la firma del diputado provincial Daniel Lipovetzky, acompañadao por los diputados Matías Ranzini, Fernando Rovello y Guillermo Sánchez Sterling.

En el proyecto se describe que la comisión estará integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de salud pública, presupuesto e impuestos y legislación general de ambas cámaras.

Además, la ley obligará al poder ejecutivo a informar detalladamente el plan de vacunación en ejecución, sectores prioritarios, grados de avance, llegada y stock de vacunas. La comisión tendrá funciones de fiscalización, control del plan, los funcionarios responsables deberán rendir cuentas a sus miembros y la misma deberá proponer (de ser necesario) recomendaciones de mejoras del proceso de vacunación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el diputado Lipovetzky declaró: “El derecho de acceso a la salud, y por ende a un legítimo y respetable lugar en el orden de vacunación, jamás puede ser vulnerado por funcionarios, tanto nacionales como provinciales, que hacen del sistema sanitario nacional y bonaerense un atajo para unos pocos mientras millones de argentinos lo padecen”. Luego agregó que “es indispensable que la legislatura investigue y controle el Plan de vacunación oficial para determinar responsabilidades y asegurar la transparencia total del proceso.”

Y agregó: "Los recientes escándalos públicos, que la justicia determinará si son además delitos penalmente punibles, en los que quedó demostrado la existencia de privilegios inaceptables en la ejecución del plan de vacunación nacional y provincial, es motivo más que suficiente para que la legislatura de la provincia rápidamente intervenga en el proceso para velar por los intereses de los bonaerenses".

Y subrayó que "las contradictorias declaraciones de los funcionarios públicos responsables, desde la cantidad de vacunas que llegarían (10 millones para fines de febrero) a la inexistencia de procesos púbicos y transparentes de acuerdo a los protocolos decretados pasando por los cientos de imágenes publicadas en redes sociales de personas NO pertenecientes a los grupos definidos como prioritarios siendo vacunadas, nos obligan a tener procesos legislativos de control".