La Asociación Azul, una organización que reúne en La Plata a personas con diferentes formas de discapacidad, le pidió ayer al gobierno bonaerense que incluya al sector que representa entre los grupos priorizados para recibir la vacuna contra el coronavirus por el riesgo especial que supone para ellos un eventual contagio de COVID.

“Es imperioso que se ubique a las personas con discapacidad entre los receptores prioritarios de las vacunas contra el COVID-19”, sostienen los representantes de la Asociación Azul en cartas dirigidas tanto al gobernador Axel Kicillof como al ministro de Salud, Daniel Gollán, donde destacan la mayor mortalidad por coronavirus que se registra en su sector.

En efecto, como indica un estudio realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad en base a datos de personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad, durante la pandemia el porcentaje de letalidad por coronavirus entre la población con discapacidad fue en Argentina del 7 %, un número más de tres veces mayor al registrado entre la población general.

De acuerdo con ese estudio mencionado en el pedido de la Asociación Azul, también el porcentaje de personas con discapacidad recuperadas de COVID es menor que el porcentaje de la población general.

“Es posible entonces pensar, que las personas con discapacidad tienen más chances de morir por esta enfermedad, reafirmando la necesidad de considerar a esta población en situación de riesgo mayor que el resto de la población en el marco de la pandemia”, señala entre sus conclusiones el informe de la Agencia Nacional de Discapacidad en el que la entidad platense funda su pedido al gobernador.

El informe de la Agencia “permite singularizar aún más los niveles de riesgo, ya que observa que entre las personas con discapacidad que dependen de asistencia de otras personas para la vida diaria se observó una proporción mayor de fallecimientos: el 13 por ciento frente al 8,3 por ciento de personas con discapacidad sin dependencia”, explica Julián Vázquez, el presidente de la Asociación Azul.

Como destaca Vázquez, esta mayor mortalidad obedece al hecho de que las personas que dependen de la asistencia de otras tienen un contacto estrecho con sus asistentes y suelen además presentar dificultades no sólo para usar barbijos sino además para cumplir con otras medidas de prevención, como no tocarse la cara o lavarse las manos con regularidad.

Por eso “es urgente que la gobernación y el Ministerio de Salud tomen medidas claras y eficaces, que incluyan formas de inscripción transparentes y estrategias de vacunación accesibles, para regular la prioridad de las personas con discapacidad y sus apoyos, en el caso de que éstas sean usuarios de los mismos, para recibir las vacunas contra SARS- CoV-2”, señala por su parte Juan Cobeñas, el secretario de la entidad.

“La Asociación Azul junto con otras organizaciones ofrecemos nuestra experiencia y nuestros recursos de redes y contactos para colaborar con el Estado”, dicen al señalar que “en este momento las personas con discapacidad y sus apoyos están en riesgo de pagar con su vida por la demora en implementar medidas que las tengan en cuenta”.