Una fiscal platense pidió la prisión preventiva para Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial y funcionaria platense Carolina Piparo, acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló el 1° de enero último en La Plata al confundirlos con delincuentes, informaron fuentes judiciales.
El pedido fue formulado por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, quien solicitó la conversión de la detención de Buzali (47) en prisión preventiva y le imputó el delito de “homicidio en grado de tentativa”.
Ante el pedido de la fiscal, ahora será la jueza de Garantías de la causa, Marcela Garmendia, quien definirá si Buzali permanecerá en prisión o será liberado.
A criterio de la fiscal, el dolo directo de la figura “homicidio en grado de tentativa” se configura con el conocimiento de la conducta de Buzali de causar la muerte de las víctimas.
De acuerdo con la presentación, la fiscal sostiene que “no puede dejar de advertirse, no solo de los testigos oculares del hecho, sino también de la prueba pericial la clara intención del sujeto activo de causar la muerte a las víctimas”.
“Esto queda comprobado con todo el accionar del imputado realizado antes, durante y después de cometido el delito que se le enrostra”, afirmó la fiscal.
La fiscal sostuvo que Buzali “toma la decisión indiscutible de perseguir a gran velocidad con su vehículo a las víctimas que se desplazaban en franca desprotección en moto y, cuando los tuvo a su alcance, lejos de desistir en su accionar y pudiendo realizar otra maniobra, los embistió de frente con el claro fin de ocasionarles la muerte a las víctimas”.
En su indagatoria, Buzali dijo que no quiso “lastimar a nadie” y que al momento del hecho estaba “nervioso, abrumado y temeroso” pero “no enojado” ni alcoholizado.
Para la fiscal, es contradictorio que “no le genera temor perseguir a quienes suponían delincuentes con armas de fuego pero sí le genera temor, luego de atropellar a las víctimas de autos, sentirse perseguido por los propios compañeros que le pedían que detenga la marcha”.
Di Lorenzo consideró que Buzali debe continuar detenido porque la conducta asumida luego del hecho implica un riesgo procesal por “entorpecimiento del proceso judicial”, además de la pena en expectativa que tiene el delito que se le imputa.
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