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Lo solicitó la Fiscalía de modo preventivo por un caso de supuesto golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Organismos internacionales reclaman garantías procesales
LA PAZ
La Fiscalía de Bolivia pidió ayer seis meses de cárcel preventiva para la expresidenta derechista Jeanine Áñez (53), por un caso de supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales mientras organismos internacionales reclaman un proceso transparente.
Áñez fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (noreste), después de sus dos ministros, el de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, los tres denunciados por sedición, terrorismo y conspiración.
Áñez, abogada y expresentadora de TV, está en una comisaría desde el sábado tras ser detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar en Trinidad, 600 km noreste de La Paz, donde residía.
En este operativo policial que dirigió el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, arrestaron en la misma ciudad a los dos exministros y fueron trasladados en avión a La Paz el sábado de madrugada.
El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en los recientes comicios locales.
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La imputación formal de la Fiscalía precisa que Áñez y sus dos ministros deben ser detenidos de modo preventivo por seis meses, mientras avanza la investigación y se busca a otros implicados en este caso.
El documento señala que estas detenciones se vinculan a una supuesta conspiración para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado” desde el 21 de octubre de 2019, tres días después de las elecciones presidenciales calificadas de fraudulentas en favor del expresidente izquierdista Evo Morales, que luego de 14 años en el poder buscaba un cuarto mandato.
En la demanda figuran cinco exministros de Áñez, y jefes policiales y militares y civiles, sobre quienes pesan órdenes de captura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA dijo en Twitter que “urge al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial.
Antes de la CIDH, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos”, mientras que Unión Europea calificó los arrestos de “preocupantes”.
La influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en un comunicado “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”. Los obispos dijeron que no pueden “permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia”. (AFP)
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