La Corte Suprema de Justicia convocó a la Nación y a la Ciudad de Buenos Aires a una conciliación en el marco de la disputa judicial que comenzó la administración de Horacio Rodríguez Larreta tras la reducción de los fondos que recibe en concepto de coparticipación el pasado septiembre.
El gobierno de Larreta demandó al gobierno nacional el 18 de septiembre pasado: presentó una acción de amparo que incluía una medida cautelar. Buscaba retrotraer el efecto de un decreto de Fernández que había dispuesto el 9 de aquel mes el descuento de 150 millones de pesos diarios de coparticipación para pagar un aumento a la policía bonaerense que se había declarado en huelga.
La presentación ante la Corte fue elevada ante el máximo tribunal luego de la reasignación de los fondos que percibía la Ciudad y en coincidencia con la entrada en vigencia de la ley aprobada en el Congreso nacional.
Para la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la norma "vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires".
La ley aludida aprobada por 40 votos contra 25 por los senadores luego de la sanción en la Cámara de Diputados, estipula un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el monto a destinar para la policía porteña.
Para la Ciudad, "la suma que se dispone transferir como pago a cuenta para financiar la seguridad sólo cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40% del gasto en Personal proyectado".
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