La vieja ley de tránsito, hoy derogada, hablaba de que la negativa a participar de una prueba de alcoholemia implicaba presunción en contra de quien rehuía a sacarse sangre o, utilizar cualquier medio tecnológico, que pueda demostrar si había bebido en exceso de los límites permitidos para la conducción automotor.
Sin embargo, en la actualidad, se podría emparentar esa decisión con una facultad individual del derecho de defensa en juicio. Si nadie está obligado a declarar, tampoco lo está a someterse a un test que, eventualmente, podría incriminarlo en un delito.
En el caso del fatídico accidente de Hernández, la situación se plantea por la posibilidad de que la Justicia determine una acusación más gravosa a la figura del homicidio culposo y, que incluso, pueda tener una pena en expectativa no excarcelable para el imputado, como sí sucedió en el caso de la tragedia de Lanús (ver aparte).
A decir de una fuente de tribunales, “se trata de una zona gris, muy discutible en cualquier instancia del proceso. Por eso habrá que analizar todo el plexo probatorio, desde el reconocimiento médico legal, antes de aventurarse a definir cuál sería la calificación legal del hecho“.
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