MIAMI

Un juez federal de Miami confirmó que el expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y uno de sus ministros deberán pagar una indemnización de 10 millones de dólares por una serie de matanzas extrajudiciales que realizaron militares de su país durante protestas callejeras en 2003.

El magistrado James Cohn desechó así el intento de Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa José Carlos Sánchez Berzaín de anular el pago a familias de indígenas que murieron en las masacres y los demandaron en EE UU bajo la ley de protección a las víctimas de la tortura, que autoriza a ventilar demandas por matanzas extrajudiciales ocurridas en otros países.

Cohn rechazó también un pedido de los exfuncionarios para que se realice un nuevo juicio.

“La moción de los acusados es denegada”, falló Cohn el lunes en un documento de 22 páginas en el que rechaza la solicitud de los demandados y confirma la sentencia que había sido apelada por Sánchez de Lozada y su exministro.

El fallo, sin embargo, no es definitivo y los exfuncionarios adelantaron que lo apelarán. El proceso lleva años y podría prolongarse y llegar incluso hasta la Corte Suprema de EE UU.

Tras un juicio de tres semanas en 2018 en el que se presentaron cerca de 40 testigos, un jurado declaró culpables a los dos exfuncionarios bolivianos y determinó la indemnización por daños y perjuicios en favor de los demandantes.

Un mes después, sin embargo, el tribunal de primera instancia anuló el veredicto del jurado y falló que al no existir suficientes pruebas, los acusados no eran responsables.

Pero esa sentencia fue apelada y una corte de mayor jerarquía determinó que el caso debía volver al tribunal para proseguir con el proceso. Esa decisión fue apelada también, esta vez por los exfuncionarios, y ahora el juez Cohn desestimó esa apelación y confirmó la sentencia del jurado.

Los abogados de las familias indígenas confían en que incluso si el caso llega hasta los tribunales más altos, el resultado será favorable. (AP)