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Algunos funcionarios bonaerenses habían planteado en las últimas horas la necesidad de que se fuera hacia restricciones más severas como forma de controlar la nueva disparada de contagios. Incluso, varios de los integrantes de la cartera sanitaria que suelen marcar el paso y el pensamiento de la administración provincial en relación a lo que opina respecto del manejo de la pandemia.
Sin embargo, en medio de las especulaciones, fuentes cercanas al gobernador Axel Kicillof salieron ayer a afirmar que el gobierno provincial no reclamará un retorno a frase 1. “Apostamos a la continuidad del esquema actual de medidas de cuidado, intensificando los controles para que las mismas se cumplan de manera estricta”, indicaron.
Desde hace varios días en la Provincia vienen asegurando que los controles se relajaron. Algunos datos abonaban a esa sensación: el uso del transporte público que había bajado durante la primera semana de vigencia del DNU del presidente Alberto Fernández, se incrementó en un 3% entre el 3 y el 9 de mayo y en un 3,7 por ciento entre el 10 y el 16 de este mes.
Por eso ayer una de las versiones que circulaba en la previa a la reunión en la Casa Rosada era que la Provincia pretendía reducir la cantidad de personal esencial autorizado a usar el transporte. Se hablaba, concretamente, de no autorizar a los docentes, ya que las clases presenciales seguirán suspendidas.
Pero, como se dijo, la Provincia no insistirá con un cierre fuerte por dos o tres semanas como lo venían reclamando varios funcionarios.
“Ya hemos planteado, semanas atrás, los escenarios a los que nos arriesgábamos en caso que no se tomaran a tiempo las medidas que proponíamos”, dijeron cerca del Gobernador con cierto tono de reproche que parece apuntado no sólo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se opuso al cierre de las escuelas, sino también al propio gobierno nacional que optó por restringir aunque sin llegar al cierre al estilo de 2020.
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“No tenemos nada nuevo para proponer ni buscamos que se cierren nuevas actividades”, completaron en la Gobernación.
Antes del último decreto del Presidente, el gobierno provincial era partidario de un cierre total por al menos dos semanas, con la idea de frenar los contagios. Y en ese contexto, reclamaba el retorno de una serie de medidas de ayuda social que rigieron el año pasado, entre ellas el IFE, para contribuir con aquellos sectores que no iba a poder trabajar.
Pero la Nación se sostuvo en el esquema de aplicar más restricciones pero manteniendo diversos sectores de la economía funcionando. Y por ahora mantiene frenada la ayuda social extraordinaria en el marco de lo establecido en el Presupuesto para este año diseñado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por eso Kicillof, dicen, resolvió no insistir con el cierre total.
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