Consumo racional del agua, medición y regulación

El agua dulce entendida como bien común de la humanidad, y el acceso a ella como derecho humano fundamental, y no como mercancía que cotiza en la bolsa, deben ser las premisas más importantes que el Estado debe asumir a fin de llevar salud pública a la mayor cantidad de ciudadanos posible, más aún en estos momentos de pandemia mundial.

El 97 por ciento del agua que cubre la tierra es salada, y está presente en océanos y mares, y menos del 3 por ciento es agua dulce. De ese total, el 79 por ciento es prácticamente inutilizable ya que está encerrada en casquetes polares, glaciares y nieves eternas; el 20 por ciento son aguas subterráneas, siendo solamente el 1 por ciento agua de superficie.

La Organización de las Naciones Unidas señala que cada persona requiere un mínimo de 100 litros diarios para beber, bañarse, cocinar y otras necesidades. A pesar de dicho señalamiento, el consumo de agua potable en el mundo es enormemente injusto e inequitativo. En África es de 10 litros por habitante por día, mientras que en Europa es entre 250 y 400, y en Argentina de alrededor de 500 litros por habitante/día, lo que pone de manifiesto el derroche del vital elemento.

La necesidad imperiosa de lograr, como objetivo sanitario del Estado, un consumo racional del agua potable, nos pone como objetivo inicial una firme e impostergable tarea de difusión, comunicación y educación tendiente a fomentar el conocimiento y la responsabilidad de todos nosotros sobre la importancia de la conservación y protección de los recursos hídricos y el suministro de agua potable, lo cual debe lograrse a través de una amplia participación ciudadana.

MEDICIÓN

Estimaciones realizadas dan cuenta que aproximadamente el 50 por ciento del volumen de agua potable que se produce en la Provincia de Buenos Aires, se pierde entre la planta potabilizadora y el ingreso a los hogares de los usuarios. Este derroche podría confirmarse y revertirse a futuro si el Estado provincial diseñara y pusiera en marcha un plan para implementar la tan necesaria macro y micromedición del servicio público de agua y saneamiento.

La macromedición está dirigida a la cuantificación de los caudales captados, conducidos y distribuidos por los operadores del servicio (ABSA, Cooperativas, Municipios), que les permitirá determinar con un mayor grado de certeza cuál es el contraste entre el volumen de agua potable que se produce y el que consumen los usuarios, y no trasladar a las tarifas ese derroche del cual son únicos responsables.

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La micromedición tiene por objeto cuantificar periódicamente, a través de medidores de caudales, el consumo de agua de cada usuario, con la finalidad de cobrarle lo que realmente utiliza y no un estimativo en base, por ejemplo, a la valuación fiscal del inmueble. También se asegura que los consumos sean racionales, siendo también una herramienta muy eficaz para lograr un equilibrio adecuado entre la producción y la demanda de agua.

También permite colaborar en la reducción del consumo de agua domiciliario hasta en un 25 por ciento en áreas que no cuentan con medición, ya que en general, los sistemas tarifarios “penalizan” el consumo excesivo de agua potable, lo que lleva al usuario a tener un mayor cuidado en su utilización. Sostenemos además, que la instalación de medidores de caudales resulta un instrumento esencial para hacer realidad el mandato jurisprudencial de tarifas justas y razonables, para que el servicio público de agua potable y desagües cloacales se convierta en un verdadero derecho.

REGULACIÓN

Estamos convencidos que el Gobierno provincial tiene la oportunidad histórica, durante muchos años olvidada, de hacer realidad la presencia decisiva del Estado en la implementación de políticas sanitarias que promuevan el consumo racional del agua potable y que lleven justicia a las tarifas que pagan los usuarios a través de la medición.

Todo ello será posible si se revierte el desastre heredado de la administración de María Eugenia Vidal (2015-2019), quien desarticuló y eliminó todos los mecanismos de control de la prestación de este servicio público. Creemos urgente e impostergable la puesta en marcha un organismo de regulación y control específico y jerarquizado, que resulte un actor preponderante para lograr un mejor servicio público, que haga realidad el derecho de todos los ciudadanos a acceder al agua potable.

Tenemos la obligación de pensar y diseñar un organismo de regulación y control nuevo, moderno y verdaderamente autárquico, que recoja las experiencias de sus predecesores (ORAB y OCABA) pero que sea superador de ellos, con la tarea fundamental de asesorar y defender a los usuarios nivelando la relación desigual que se da entre ellos y los operadores del servicio, y también dictando normas regulatorias que hagan realidad el tan necesario uso racional del agua potable.

Como siempre decimos, creemos que este es el camino para hacer realidad que los servicios públicos son un Derecho!

* Presidente de la Asociación Consumidores Responsables

** Presidente del Centro de Estudios por los Servicios Públicos y el Medio Ambiente