La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, anticipó que hoy habrá “controles en todos los accesos”, en el marco las medidas para atenuar el impacto del virus. Pero anoche, desde el Gobierno bonaerense descartaron esta información y aseguraron que no se llevarán a cabo estos controles.
“La velocidad con la que venían creciendo los casos semana a semana era exponencial, era muy vertiginosa”, aseveró García y explicó que con las medidas de prevención ese incremento “se frenó y comenzó a amesetarse, aunque en un nivel muy alto”.
“El número de 24 a 25 mil infectados diarios que tenemos en todo el país tiene una repercusión en porcentaje en el uso del sistema sanitario”, dijo la funcionaria.
Agregó que en la Provincia siguen “sosteniendo las medidas sanitarias y los controles porque comenzó la estacionalidad invernal” y destacó que se está “en un momento límite para seguir con las medidas estrictas de cuidados”.
Pero, al final, los controles sanitiarios fueron desactivados. Fuentes del gobierno bonaerense indicaron que la política será mantener los controles a la circulación en los horarios que está restringida por un decreto presidencial, desde las 20 hasta las 6 del día siguiente.
El Gobierno bonaerense había dispuesto el pasado sábado controles sanitarios a los automovilistas en Panamericana, el Acceso Oeste y la autopista Riccheri, lo que provocó demoras de hasta seis horas y enorme malestar entre muchos automovilistas.
El operativo, que estuvo a cargo de la policía bonaerense, constó de puestos de control vehicular en el ingreso a la Panamericana mano hacia el norte, en la Autopista del Oeste, la Autopista Riccheri hacia el Sur y en el Puente Pueyrredón.
En los retenes no se detectaron casos de COVID, o al menos no se informaron oficialmente, y sí se identificaron a personas con pedido de captura.
Denuncia
Por otro lado, en las últimas horas se presentó una denuncia contra el gobernador Kicillof y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, por los controles del fin de semana pasado. La acusación penal la hizo la Asociación Civil Bases Republicanas por el delito de “abuso a la autoridad”.
“Estos supuestos controles, que empezaron el fin de semana pasado en forma injustificada y sin ningún tipo de coordinación ni aviso previo, no sólo provocan importantes demoras y malestar en todas las personas sino que atentan contra el derecho a la libre circulación”, afirmó la presidenta de la organización, Jimena de la Torre.
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