Los ministerio de Gobierno y de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires entregaron hoy 2.300 documentos nacional de identidad (DNI) a personas privadas de la libertad, se informó en un comunicado.
En el marco del Plan Documentario que tiene entre sus ejes principales la regularización de los DNI, las autoridades provinciales detectaron que más de 5.500 privados de la libertad de todas las unidades penitenciarias no cuentan con su DNI.
Por ello, la ministra de Gobierno, Teresa García y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pusieron en marcha el Plan Documentario más grande de la historia en contexto de encierro.
En ese marco, personas privadas de la libertad de la Unidad Penal 21 de Campana recibieron este jueves su Documento Nacional de Identidad, que son parte de los tres mil DNI que se tramitaron en total durante el presente año.
En concreto, se relevaron los doce complejos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires y se detectaron: 497 indocumentados en La Plata (Unidades 8 y 33 Los Hornos, 9 La Plata, 12 y 18 Gorina, y 10, 34 y 45 Melchor Romero); 320 en Olmos (Unidades 1, 22, 25 y 26 Olmos) ; 239 en zona Norte (Unidades 3 San Nicolás, 5 Mercedes, 11 Baradero y 13, 16 y Alcaidía Junín) ; 340 en zona Este (Unidades 6 Dolores y 15, 50 y Alcaidía de Batán); 382 en Zona Centro Norte (Unidades 2, 27 y 38 Sierra Chica y 17 Urdampilleta); y 378 en Zona Centro Sur (Unidades 7 y 52 Azul, 14 y 30 General Alvear y 37 Bárker).
Asimismo, se sumaron: en el Complejo Penitenciario Sur (Unidades 4 Bahía Blanca, 19 Saavedra y 20 Trenque Lauquen): 428; en el Conurbano Sur Oeste (Unidades 39 Ituzaingó, 40 Lomas de Zamora y 43 la Matanza): 358; Magdalena (Unidades 28, 35, 36 y 51 Magdalena): 630; Florencio Varela (Unidades 23, 24, 31, 32, 42 y 54 Florencio Varela: 296; Campana (Unidades 21, 41 y 57 Campana): 461 y San Martín (Unidad 46, 47 y 48 San Martín y la Alcaidía Malvinas Argentinas): 1231, lo que completa 5.560 casos de indocumentados.
Además de la tramitación y entrega de DNI, el Plan incluye partidas de nacimiento, rectificaciones y certificaciones, y es una de las políticas públicas destinadas a fortalecer la inclusión, con el fin de bajar los índices de reincidencia delictiva.
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