La justicia en lo Penal Económico lanzó nuevas medidas de prueba en la causa en la que se investiga si hubo contrabando de armamento de Argentina a Bolivia, mientras en el Congreso la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia trabajará para esclarecer si hubo “espías argentinos” que hayan colaborado en lo que denunció el expresidente de ese país Evo Morales como un derrocamiento.

Tras haber habilitado la feria judicial, el juez Javier López Biscayart dispuso ayer pedirle al Ministerio de Relaciones Exteriores que resguarde y remita al juzgado “los sellos de recepción” de la embajada argentina en La Paz (Bolivia), según voceros judiciales.

El magistrado rechazó la presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como eventual querellante en el expediente pero, según fuentes oficiales, comenzaría a cobrar forma una presentación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que además es denunciante, con más chances de prosperar porque lo que se investiga es una supuesta maniobra de contrabando y, al menos por ahora, no lavado de dinero.

Confirmada la presencia de al menos dos enviados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Bolivia en 2019, lo que se buscará determinar es si llevaron a cabo “tareas ilegales”.

Desde la comisión parlamentaria también colocaron el foco en Gendarmería Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri.