Juicio a Los Monos: chaleco antibalas para buscar una pizza y blindaje de edificios

Uno de los cuatro fiscales del juicio que se le sigue, entre otros, al líder de la banda narcocriminal “Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, por doce ataques a balazos contra edificios y domicilios de funcionarios judiciales en Rosario, aseguró que sus custodios personales le recomendaron que su seguridad sea más “estricta”, al punto de que tuvo “que bajar a buscar una pizza con un chaleco antibalas”.

Se trata de Matías Adery. Ayer, en diálogo con Radio 2 de Rosario, luego de la audiencia de apertura del debate llevado a cabo, el viernes, en el Centro de Justicia Penal, señaló que “trata de vivir de la manera más tranquila posible”, dijo.

“Hace dos años que tengo custodia y uno se va adaptando, por supuesto no es la situación más cómoda. Hay momentos como este que, por supuesto, la custodia me dijo que tenía incentivar un poco que sea más estricta. Por ejemplo, ayer (por el viernes) tuve que bajar a buscar una pizza con un chaleco antibalas”, relató Adery.

Luego, agregó: ”No es una situación que me guste, pero bueno, entiendo que hay momentos en que hay que prestar más atención a esto y adaptarte un poco. No es lo más lindo pero uno se termina acostumbrando”.

El funcionario judicial anteriormente se había referido a la frase esgrimida por “Guille” Cantero, quien aseguró de manera irónica que su profesión es contratar “sicarios para tirar tiros a jueces”, cuando el tribunal que lo juzga le preguntó por su oficio.

“Nos tomó desprevenidos la declaración que hizo”, indicó Adery y añadió: “intentar que los jueces modifiquen sus resoluciones a los tiros es lo mismo que él termina haciendo cuando se le pregunta esto”.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) además opinó que “no deja de tener un sentido intimidante esa frase”, ya lo que “los jueces lo están escuchando, y se lo está diciendo a un juez”, apuntó.

“Sabe que está intimidando a las personas que lo quieren juzgar. Yo no tengo dudas”, aseveró Adery en cuanto a Cantero, sobre quien afirmó que “vende violencia y la vende al que le pague”.

En el juicio oral, Adery está acompañado de los fiscales Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo. El viernes solicitaron 24 años de prisión para Cantero por siete hechos de “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público en concurso ideal con daño calificado”.

La misma pena y por los mismos delitos fue requerida para Matías César y Lucía Uberti.

Para Daniel Delgado y Leandro Olivera, en tanto, solicitaron 13 años de prisión; 12 años para Leonel Fernández y 9 y medio para Damián Chávez.

El juicio se inició con un fuerte operativo de seguridad para el que se desplegaron 70 móviles y 250 efectivos, varios de ellos de las Tropas de Operaciones Federales (TOE) apostados en los techos del edificio del Centro de Justicia Penal, que la noche del pasado miércoles fue atacado a balazos.

El debate está a cargo de los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto y se estima que se extenderá durante varias jornadas.

Uno de los fiscales contó que lleva dos años con custodia policial permanente

Los siete imputados llegan al debate oral detenidos, aunque no todos por las balaceras, sino que algunos están con prisión preventiva por otros delitos.

Los hechos que se les imputan son doce ataques a tiros contra edificios judiciales y domicilios de magistrados y funcionarios en 2018.

En este contexto, se conoció en las últimas horas que, luego de la última balacera sufrida por el Centro de Justicia Penal (CJP), dos días antes del comienzo del juicio, la Justicia evalúa blindar sus edificios.

La defensora provincial del Servicio Público de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, aseguró que el nuevo ataque a balazos, perpetrado el miércoles por la noche, “es un mensaje que no respeta límites y va contra el sistema”.

Si bien aclaró que no aún no hay responsables por el hecho, apuntó que los proyectiles impactaron cerca de donde se sienta una de las defensoras regionales que interviene en la causa por estos ataques contra la Justicia.

En este sentido, el Concejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina manifestó en un comunicado su “profundo repudio” a esos hechos de violencia.

Balangione comentó que el organismo acaba de adquirir una propiedad, frente al edificio del CJP, al cual están evaluando blindarlo a raíz de estas amenazas contra el sistema.

“Nos vamos a mudar (a esa propiedad) porque nos resulta sumamente funcional, pero ahora estamos recalculando porque el lunes íbamos a inaugurar el lugar y todo esto nos desestructura”, advirtió.