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La exesposa del fallecido fiscal Nisman pidió ver el expediente y podría reclamar la causa. Confirman el adelantó de EL DIA: que el Presidente donaría parte de su sueldo como reparación
Jueza Arroyo Salgado
La causa penal abierta por el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, ante la presunta violación de la cuarentena “reforzada” que implementó el DNU presidencial en julio del año pasado podría pasar a la Justicia federal de San Isidro. Es que la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, pidió el expediente a su par de Comodoro Py, Sebastián Casanello, que hoy sustancia el caso, con la colaboración del fiscal Ramiro Gonzàlez.
Sucede que la jueza de San Isidro tiene una denuncia similar a la que tramita en Comodoro Py y podría reclamar la investigación ya que tiene jurisdicción territorial sobre la quinta de Olivos. Si se lo hace, se debe abrir un expediente en el juzgado de Casanello para discutir la competencia. Definirá la Cámara federal.
Mientras, Alberto Fernández sigue negando haber cometido un delito al participar del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos, el 14 de julio de 2020 y mientras regía una cuarentena estricta que -con su firma- prohibía todo tipo de reuniones. Pero aún así, dicen, se presentará en los tribunales de Comodoro Py, como parte de una estrategia “alternativa” para reparar “su error ante la Justicia”.
Así lo confirmó ayer su abogado en la causa, Gregorio Dalbón: “El Presidente quiere, como ya pidió disculpas públicas al pueblo, reparar su error en la Justicia. Puede dar parte de su sueldo durante varios meses y que el dinero sea donado al Instituto Malbrán”. Así el letrado confirmó el adelantó de EL DIA en su edición de ayer. No especificó qué porcentaje del salario presidencial será afectado a la enmienda.
Según datos oficiales, el jefe de Estado tuvo en diciembre pasado una remuneración bruta de 354.694,16 pesos que habría escalado en abril de este año hasta los 390.163,58 pesos.
Ante el fiscal federal Ramiro González, que lleva la investigación penal, Alberto Fernández tiene pensado afirmarse en la defensa de que no hubo delito alguno durante la fiesta de cumpleaños de Yáñez porque ninguno de los invitados se fue contagiado de coronavirus. Pero propondría llegar a un acuerdo en los términos del artículo 59 inciso 6 del Código Penal, según el cual “la acción penal se extinguirá (...) por conciliación o reparación integral del perjuicio”. Esa reparación consistiría en donar una porción de su salario.
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Como el Presidente, Dalbón está convencido de que defiende “a un hombre inocente que quiere hacerse cargo ante la Justicia por una cuestión ética y moral” y considera que no hay delito, entre otras cuestiones, porque el fiscal a cargo del caso ya desestimó una denuncia contra Facundo Moyano por organizar otro evento social en junio de 2020, un mes antes del festejo en la Residencia Presidencial de Olivos.
Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, buscó bajarle el tono al escándalo generado por el festejo de cumpleaños en la quinta de Olivos. Es la primera vez que toca el tema desde que salió a luz.
Sobre el final de la conferencia de prensa en la que informó que en septiembre llegarán las primeras vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer (ver aparte), la funcionaria fue consultada sobre la foto de Alberto Fernández y Fabiola Yañez que desató la polémica.
“Por supuesto que la foto fue un error, el evento social fue un error”, respondió la ministra. Sin embargo, luego buscó restarle gravedad y pidió “ver la película, no la foto”.
En esa línea, Vizzotti detalló que “la película empezó el 10 de diciembre de 2019, con un trabajo muy importante en un montón de aspectos, pero específicamente en la salud, inclusive antes de la pandemia, priorizando la salud y dando respuesta con medidas, con apoyo económico, social, con vacunas”.
“Así que la película compensa el error, que se asumió y se pidió disculpas”, concluyó.
Finalmente, el mediático abogado Mauricio D’Alessandro, defensor de una de las asistentes a la celebración pidió al juez Sebastián Casanello que declare la “inconstitucionalidad” de los decretos de necesidad y urgencia que establecieron la prohibición de circulación y desplazamientos como medida preventiva para contener la pandemia. El planteo fue hecho en nombre de Stefanía Domínguez, amiga y asesora de Yáñez.
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