“Bozal” a los opositores: llamado de atención a Nicaragua

GINEBRA

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió ayer al gobierno de Nicaragua a que cese la “persecución” contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, que va en aumento a medida que se acercan las elecciones del 7 de noviembre. También mostró su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela y Afganistán.

“Resulta imperativo que el gobierno (de Nicaragua) vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses; que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil”, subrayó Bachelet en la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

La expresidenta chilena reclamó además al gobierno del presidente Daniel Ortega que “libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas” desde las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, y que dejaron más de 300 muertos.

Bachelet señaló que “se han intensificado los ataques a la libertad de expresión”, lo que ha llevado a que varios periodistas salieran de Nicaragua “para buscar protección”. “Mi oficina ha documentado 12 casos, mientras que fuentes de la sociedad civil tienen contabilizados más de 30”, precisó.

Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, se postula para un cuarto mandato sucesivo sin rivales que pongan en riesgo su propósito.

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Un total de 36 opositores y críticos del gobierno han sido detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia.

Bachelet señaló que el tribunal electoral “arbitrariamente” inhabilitó al partido Ciudadanos por la Libertad, que lideraba una alianza opositora contra la reelección de Ortega; así como también el cierre de oenegés, varias de ellas internacionales, y las amenazas contra líderes indígenas.

En este contexto, la Fiscalía acusó y pidió el jueves pasado detener al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, al acusarlo de actos que “incitan al odio” y “conspirar” contra la soberanía, lo que él, quien se encuentra en Madrid, denuncia como “persecución” de una “dictadura”.

“Exhorto a este Consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua”, insistió Bachelet, al exigir que no queden en “impunidad” las “graves violaciones de derechos humanos” en ese país.

INTIMIDACIONES EN VENEZUELA

En este marco, Bachelet también denunció la “intimidación y criminalización” de activistas en Venezuela, lo que fue rechazado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas”, destacó la exmandataria chilena en un informe sobre la situación del país sudamericano.

Bachelet reiteró un “llamamiento a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente” y destacó que “152 detenidos han sido liberados desde junio de 2020” a través de mecanismos de cooperación con su oficina, que mantiene presencia en Venezuela desde hace dos años.

“Doy la bienvenida a la absolución de Braulio Jatar”, añadió en relación al periodista chileno-venezolano detenido en 2016 en un clima de protestas contra el gobierno y absuelto de supuestos crímenes de lavado.

Un total de 262 personas están detenidas por razones políticas en Venezuela, según Foro Penal, ONG defensora de derechos humanos.

Bachelet también denunció la “criminalización” de activistas en Venezuela

La cancillería venezolana rechazó “las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones” y dijo que continuará cooperando con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, “con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo”.

Bachelet indicó que la presencia de su misión se extenderá otro año tras la renovación de la Carta de Entendimiento con el gobierno. Saludó “los esfuerzos realizados por el gobierno para hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia”, que a su juicio agravó la crisis humanitaria en el país junto con las sanciones económicas, que pidió levantar.

Aseguró además que confía en que el proceso de diálogo que sostienen en México el gobierno de Maduro y la oposición “pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos”.

DECEPCIÓN CON AFGANISTÁN

Por otra parte, se mostró “decepcionada” por la falta de diversidad del gobierno de los talibanes en Afganistán y “preocupada” por el trato a las mujeres y la disidencia.

Todos los miembros del gobierno dirigido por Mohammad Hasan Akhund, próximo colaborador del fundador del movimiento talibán, el mulá Omar fallecido en 2013, son talibanes pastunes, el mayor grupo étnico del país.

La funcionaria también expresó inquietud por el hecho de que “contrariamente a los compromisos de los talibanes de mantener los derechos de las mujeres, estas tres últimas semanas las mujeres han sido progresivamente excluidas de la esfera pública”.

Bachelet también denunció la búsqueda “puerta a puerta” de miembros del antiguo gobierno, de militares o de personas que trabajaron para las fuerzas extranjeras presentes en el país, y de las amenazas e intentos de intimidación contra oenegés y empleados de la ONU. (AFP)