En el Colegio de Odontólogos de La Plata se agrava la crisis institucional. Con distintas cuestiones estructurales judicializadas -como la registración de convenios con obras sociales y aranceles- y las elecciones que están suspendidas por tiempo indeterminado, con el riesgo de ser intervenido el distrito (por el Consejo Superior Provincial) sino se hacen los comicios antes de fin de año, se sumó ahora una tensa asamblea en la que no se aprobaron cuestiones esenciales para el funcionamiento de la entidad.

Las autoridades indicaron que hay sectores que apuntan al “cierre” del colegio local. Quienes se oponen a la conducción marcan que “hay que hacer una auditoria externa, realizar una elección transparente y terminar con sanciones abusivas a decenas de matriculados”.

La asamblea -que se realizó en el centro cultural de la plaza Islas Malvinas- contó con más de 200 odontólogos, en una convocatoria inédita para la entidad, remarcan.

Por mayoría, no se aprobaron la memoria y balance de los ciclos 2020 y 2019. Tampoco el presupuesto 2021. Pero sí se aprobó el presupuesto para 2022, se fijó la cuota anual de la matrícula en 11,900 pesos y se estableció que “al no aprobarse el cobro de la matrícula de 2021, el monto indebidamente cobrado por el colegio, será tomado a cuenta del pago de la matrícula 2022”.

Sobre el presupuesto 2021 la asamblea entendió que no se aprobó al “considerar que el consejo directivo se excedió en sus facultades, inmiscuyéndose en las propias de la asamblea.

Marta Secreti, vicepresidenta del colegio Distrito I, a cargo de la presidencia, dijo que “se ha decidido en un marco de ilegalidad que el Colegio no cobre matrícula para operar durante el año 2021. Tal situación se votó sin tratamiento. Pedir que un colegio funcione sin ingresos es propio de un acto abusivo de matriculados que solo buscan que el Colegio no continúe en la línea legal de controlar lo que hacen las entidades intermedias respecto de los contratos que firman con las obras sociales a aranceles indignos y paupérrimos al día de la fecha”, dijo. Y agregó que la finalidad de la Sociedad Odontológica de La Plata (Solp) y directivos de la Caja Previsional es cerrar el colegio”.

Verónica Urrutia -apoderada de “Unión y Compromiso”, que se opone a la conducción-, dijo que “por amplia mayoría y en una convocatoria histórica los odontólogos de distintas generaciones y sectores de la profesión manifestamos nuestra oposición al manejo económico y legal de las autoridades, por lo cual se solicitó una auditoría externa, pedimos un proceso electoral limpio para renovar autoridades, por lo cual se recurrió a la Justicia y nos oponernos a sanciones abusivas a decenas de profesionales matriculados, tomando en cuenta que al único odontólogo que se sancionó en la historia del colegio fue al homicida Ricardo Barreda a quien se le quitó la matricula en su momento”.

Desde la Solp se indicó que “no queremos el cierre ni la intervención. Decir eso es una infamia. Queremos elecciones transparentes, que el colegio dialogue con las instituciones y deje de lado la persecución a profesionales”.