Quieren que la “Corte”: advertencia de la Justicia a Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil le advirtió al presidente Jair Bolsonaro que la desobediencia judicial que anunció el martes ante una multitud es un “atentado a la democracia” que configura un delito que puede llevarlo a la destitución por parte del Congreso, en medio de un clima de tensión entre los poderes tras las manifestaciones bolsonaristas convocadas contra el Supremo Tribunal Federal.

Con el dólar disparándose más del 2 por ciento cotizado a casi 5,30 reales y la Bolsa de Valores de Sao Paulo retrocediendo a niveles del 3 por ciento por la crisis institucional del país, el principal tema de la agenda política fue qué hacer con Bolsonaro, que avisó que no respetará las decisiones del juez supremo que lo investiga, Alexandre de Moraes.

La respuesta más contundente vino del presidente del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) de Brasil, Luiz Fux, quien advirtió que si el mandatario se niega a acatar las decisiones de los jueces estará cometiendo un “atentado a la democracia”, un delito que puede causarle un juicio político a cargo del Congreso.

Fux leyó un discurso y pidió a la población no hacerle caso a los “falsos profetas del patriotismo” que intentan enfrentar “al pueblo contra el pueblo o al pueblo contra sus instituciones”.

“Nadie va a cerrar esta Corte”, sostuvo el magistrado por el canal TV Justicia.

“Si el desprecio a las decisiones judiciales ocurre por iniciativa del jefe de algún poder, esta actitud, además de representar un atentado a la democracia, configura un crimen de responsabilidad a ser analizado por el Congreso”, dijo.

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Sin embargo, los aliados de Bolsonaro cerraron por el momento la posibilidad de abrir el grifo a un proceso de destitución, pese a que el jefe de Estado avisó que iba a violar la Constitución ante las 125.000 personas que se congregaron en la Avenida Paulista de San Pablo.

Investigaciones en su contra

El presidente llamó a protestar contra el Supremo Tribunal Federal por las investigaciones en su contra y contra varios dirigentes de la ultraderecha bajo la acusación de atentar contra el Estado de derecho e impulsadas por el juez supremo Alexandre de Moraes, quien se convirtió en el principal enemigo del oficialismo.

Para que un juicio político avance, necesita de la venia del titular de Diputados, Arthur Lira, y que lo aprueben dos tercios de los senadores y diputados.

Lira realizó un fuerte discurso contra Bolsonaro por la televisión oficial del Congreso, pero fue más un reto hacia las formas del excapitán ultraderechista que una advertencia sobre el avance de un posible impeachment.

“No hay espacio para extremismos”, afirmó Lira al comentar sobre el ataque a la Corte por parte del presidente.

“Conversaré con todos. Es hora de decir ‘basta’ a esta escalada de tensiones en loop y ocuparse de los problemas reales del país”, dijo Lira en un mensaje al país.

De un juicio político no comentó nada, frustrando a los partidos opositores de la derecha que se sumaron a los de la izquierda en el reclamo par que se inicie el proceso de destitución.

Lira repudió que el jefe de Estado continúe objetando la seguridad de las urnas electrónicas luego de que el oficialismo fue derrotado en una votación sobre un proyecto para cambiar el sistema electoral.

“No puedo admitir que se cuestionen decisiones tomadas por la Cámara”, afirmó.

Se ofreció como “motor de pacificación” entre los poderes y ratificó que no permitirá violaciones a la Constitución.

Lira, del conservador Partido Progresista, apuntó que la resolución de los conflictos se darán el 3 de octubre de 2022, en las elecciones generales, para las cuales aparece como favorito el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por el momento se desconoce si será activado el Consejo de la República, el órgano del Legislativo y el Ejecutivo para discutir situaciones de conmoción nacional, tal como anunció por Bolsonaro, debido a la falta de apoyo a la iniciativa por parte de los legisladores.

Bolsonaro repitió que las urnas no son confiables y que apenas lo podrá sacar “Dios” del cargo, además de afirmar que nunca terminará preso y que sus opciones son “la muerte o la victoria”.

En el Senado, el presidente del cuerpo, Rodrigo Pacheco, de Demócratas, partido de derecha que comparte la agenda económica del Gobierno, canceló las sesiones hasta el lunes mientras crece en el mercado financiero, un área aliada al ministro de Economía, Paulo Guedes, la percepción de que aumentó la dificultad para aprobar reformas neoliberales que están en las prioridades del Ejecutivo.

Al hablar con seguidores en la puertas de la residencia oficial en Brasilia, Bolsonaro no sacó el pie del acelerador. Afirmó que la situación del país puede “empeorar” y que eso es fruto de “décadas de desmandos”.

“Nada está tan mal que no pueda empeorar”, afirmó ante sus seguidores, ante los cuales sostuvo que no puede “solucionar de un día para el otro” los problemas de Brasil.

“Vamos a buscar soluciones para este caso, no es fácil cambiar algo que hace décadas está incrustado en el poder; algunos quieren que yo haga algo así rápido y resuelva el asunto; yo era apenas uno más en la multitud, no se me sube nada a la cabeza, sé de la responsabilidad y hacia donde estaba marchando Brasil”, afirmó el mandatario.

En Brasilia, camioneros bolsonaristas amenazaron con ingresar al Supremo Tribunal Federal. La policía dijo que hubo siete intentos de invasión. Y ayer, en el Ministerio de Salud activistas bolsonaristas que acampan en la Explanada de los Ministerios persiguieron a una persona para pegarle creyendo que era un periodista de la TV Globo.

El alineamiento del ala política de Bolsonaro, que está siendo puesta bajo examen a partir de ahora por su base de sustentación en el Congreso, cuenta también con el apoyo del llamado “Partido Militar”: el vicepresidente y general retirado Hamilton Mourao defendió a Bolsonaro, más allá de que ambos casi ni se hablan desde hace más de seis meses.

Para Mourao, “no hay clima” en el Congreso para abrir un juicio político. “No veo un clima de impeachment, sea en la población como un todo o dentro del propio Congreso, donde contamos con una mayoría confortable de 200 diputados que no es una gran mayoría para aprobar grandes proyectos pero es capaz de impedir que prospere un proceso de destitución del presidente”, dijo Mourao a periodistas antes de una misión con embajadores a la región amazónica.

“Hay una tensión entre el Ejecutivo y la corte. El proceso no puede ser conducido por el juez y sí por el fiscal general. Si le entrega el expediente al fiscal general, la tensión va a bajar”, dijo Mourao, al revelar la estrategia del Gobierno para intentar lograr una mayor calma.

El fiscal general es Augusto Aras, designado en el cargo por Bolsonaro y considerado un candidato del presidente para ocupar la próxima vacante en el Supremo Tribunal Federal. Su fidelidad, hasta ahora, ha sido total.