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Es a pedido de la fiscal Ana Russo, quien también amplió la imputación a todos los presentes en la polémica reunión
Las llamadas realizadas entre la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y exfuncionarios de Cambiemos serán analizadas por la Justicia federal de La Plata, en el marco de una causa que investiga la existencia de una mesa judicial destinada al armado de causas a gremialistas.
Así fue requerido ayer por la fiscal Ana Russo, quien imputó al intendente, Julio Garro, y a otros 14 acusados, en un dictamen que entregó al juez federal, Ernesto Kreplak, a cargo de la causa iniciada luego de conocerse una reunión entre exfuncionarios macristas y empresarios, ideada para coordinar acciones para perseguir judicialmente a gremialistas.
En su presentación, Russo sostuvo que la acción penal es impulsada contra los presentes en la reunión del 15 de junio de 2017, grabada en un video dado a conocer las últimas semanas, en una mesa de la que participan el exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, el intendente, Julio Garro, el senador Juan Pablo Allan y empresarios de la construcción, entre otros. Según la denuncia, en ese cónclave se propone el impulso de acciones judiciales contra dirigentes sindicales de extracción opositora.
En el escrito, la fiscal añadió que la investigación también apunta a “la supuesta organización de una estrategia, elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en La Plata”.
Ayer fueron imputados Garro y otros 14 acusados que concurrieron a la reunión desarrollada en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 y a “toda persona que resultare autor, cómplice, o instigador de los hechos” y que “pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción”, según el dictamen.
Si bien no incluyó a Vidal en el listado de imputados, la fiscal enmarcó el pedido para investigar sus comunicaciones en el mismo dictamen.
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Para ello, solicitó al juez un “exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los exfuncionarios presentes en la reunión y el de los abonados asignados a la exgobernadora de la Provincia”.
En el requerimiento, Russo pide el detalle de las comunicaciones realizadas entre esas personas desde el 1º de mayo hasta diciembre del mismo año.
Aquella reunión de junio del 2017 fue grabada por una cámara y originó una denuncia penal por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, luego de que se conocieran audios en los que se instaba a iniciar causas judiciales contra el extitular de la Uocra La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.
Por otra parte, la fiscal ratificó también la competencia del fuero federal al sostener que se puede estar ante delitos como asociación ilícita o infracción a la Ley de Inteligencia,
En su dictamen, la fiscal dejó planteado que “se proceda al llamado a indagatoria” de aquellos imputados sobre quienes, una vez cumplidas las medidas de prueba pedidas, “se alcance el estado de sospecha suficiente”.
Días atrás la exgobernadora remarcó lo que considero “el carácter político” de la denuncia y afirmó que “era esperable que intentaran involucrarme en esta causa. Sabía que eso iba a suceder por los dichos del presidente (Alberto Fernández)”, e insistió en que está “a disposición de la justicia para que investiguen el entrecruzamiento de llamadas”, ya que no tiene “nada que ocultar”.
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