Profesores de universidades públicas y privadas, de todos el país y algunos que ejercen en el extranjero, junto a otros profesionales del Derecho, difundieron una carta abierta de apoyo a Julio Conte Grand, actual procurador general de la provincia de Buenos Aires, en la que expresan su “preocupación por los ataques lanzados recientemente, de público conocimiento” en su contra, “que afectan su buen nombre y honor, y tienen el evidente propósito de forzar una renuncia al cargo que ejerce de modo ejemplar y con reconocida independencia, en la lucha contra el delito y la corrupción”.

El comunicado de respaldo hacia el Procurador bonaerense surge luego de que se lo vinculara en acusaciones realizadas contra el gobierno de la exmandataria provincial María Eugenia Vidal por el presunto armado de causas judiciales contra referentes gremiales de nuestra ciudad.

En los primeros días del año, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, la entidad que reúne a los jefes de fiscales de todo el país, también había emitido un comunicado de respaldo a Conte Grand, tras las críticas de la senadora nacional Juliana Di Tullio que lo vinculó en esa supuesta “mesa judicial” bonaerense. Mientras, el gobernador Axel Kicillof salió a descalificar ese apoyo: “Una vergüenza esta defensa corporativa y el ataque a una senadora nacional que sólo está diciendo lo que resulta evidente en este escándalo”, posteó el mandatario provincial en sus redes sociales.

En cambio, la Mesa de Juntos Provincia de Buenos Aires y las bancadas de Senadores y Diputados bonaerenses le dieron su apoyo y avisaron que no iban a acompañar un juicio político en su contra.

Ahora, los firmantes profesionales consideran que “lamentablemente, esta actitud no constituye un hecho aislado, sino que se ha tornado una práctica reiterada respecto de distintos integrantes del Poder Judicial, a nivel nacional y en diferentes jurisdicciones provinciales, que lesiona la institucionalidad, pone en riesgo la necesaria independencia de este Poder del Estado, desnaturaliza el sano federalismo que perfila la Constitución Nacional e impide la vigencia plena del sistema republicano”.

Además, sostienen: “Afecta nuestro sentido jurídico y ético que dirigentes políticos y sociales, así como autoridades, obren sin el debido respeto a la investidura de funcionarios honorables de la Justicia y, en el caso, de un profesional intachable, sumamente capacitado y con una extensa trayectoria en el ámbito público y privado y en el quehacer académico y educativo”. Y plantean que “en cargos como el que ejerce el Dr. Conte Grand, la continuidad y el resguardo de la libertad irrestricta en el ejercicio funcional refuerzan la seguridad jurídica y la independencia de criterio, como lo prevén con acierto diversos textos constitucionales y convencionales”.

También “aseguran que comportamientos como estos tienen, además, un efecto altamente nocivo en la sociedad, generando un grave deterioro institucional, que finalmente solo beneficia a sectores antisociales y a quienes lucran con el delito y el crimen organizado”. Y finalizan el texto argumentando que “desde nuestro ámbito universitario y profesional exhortamos a que cesen los ataques materializados contra el Procurador General y a que se cumpla con el debido respeto del orden institucional”.