Un acuerdo que piden todos, pero con dudas que crecen

El gobierno de Alberto Fernández eludió el default con el FMI, llevando calma a los mercados y a los temores de caer en una crisis devastadora, pero a poco de andar surgieron duras críticas al “entendimiento” alcanzado con el organismo desde todos los sectores, incluido del propio oficialismo, que abren grandes interrogantes sobre la letra chica del acuerdo, aún bajo negociación, y de la viabilidad del programa económico que surja en Washington DC. Como es público, el FMI confirmó que se llegó a un entendimiento sobre políticas claves (fiscal y monetaria) con el equipo del Ministro Martín Guzmán, aunque en el mismo texto aclaró que aún resta el acuerdo con el personal técnico y además, la aprobación del “board” del organismo.

Los pasos internos en el FMI requieren que la Argentina eleve una Carta de Intensión y sea aprobado un Memorándum de Entendimiento por el directorio del organismo, mientras que en el país la ley requiere que ese programa cuente con la sanción favorable de las dos cámaras del Congreso. De manera que el camino que resta es aún largo y, seguramente, plagado de objeciones y tirones políticos.

Un primer aspecto del debate político es si este acuerdo traslada o no, el costo del ajuste fiscal y los vencimientos de deuda al próximo gobierno, a partir del 2024, o si la gestión de Alberto Fernández asumirá su parte. El economista Marcos Buscaglia, acusa directamente al FMI de ser peronista: “El próximo gobierno –dice- no solo tendrá que ajustar el déficit primario en forma mucho más acelerada que el actual, sino que también enfrentará fuertes vencimientos con el FMI y con el sector privado”. En el otro extremo ideológico, Claudio Lozano, hoy director del Banco Nación, dice que “la negociación termina siendo apenas un default diferido y no una solución al endeudamiento. En pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda”. Carlos Melconian, con su particular lenguaje, sostuvo en una columna de opinión que el acuerdo con el FMI “es un programa ´pegatin´a donde la probabilidad del Fondo de involucrarse en un-No-Plan conjunto gobierno-FMI es alta y riesgosa”. ¿Cómo seguirá este debate y como se trasladará al Congreso? Por el momento es solo un inicio y la información conocida muy limitada.

Guzmán descartó que haya un ajuste fiscal, que el acuerdo requiera de una devaluación o de reformas estructurales. El texto final del acuerdo confirmará o no esas afirmaciones. Por ahora, de los datos ofrecidos por el funcionario sugieren que el acuerdo bajo negociación se divide en dos capítulos: los primeros dos años y medio, con una suerte de acuerdo stand by, en donde se refinancian los U$S 44.500 millones del programa anterior y se fija una baja gradual del déficit fiscal; y un segundo período, de hasta 10 años, en donde se establece equilibrio fiscal a partir del 2025 y devolución de la deuda con el FMI en 12 cuotas consecutivas. Así planteado el escenario, la gestión de Alberto Fernández traslada a partir del final de su mandato un ajuste fiscal y el pago de la deuda con el organismo.

A esas obligaciones se suma el pago de la deuda privada refinanciada, que también se acordó luego del 2024. De esta constatación sencilla es que Claudio Lozano concluye que en realidad los anuncios oficiales solo difieren el default para después del 2024. El ex ministro de Economía y Vicepresidente Amado Boudou, en cambio insiste en que la deuda con el FMI no debe ser pagada ni refinanciada: “La deuda criminal que tomaron la tiene que pagar Macri, no el pueblo”, dijo. Otra incógnita es si hablará o no la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el entendimiento con el FMI y que dirá.

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Igual o más significativo que estas inquietantes proyecciones (y básico para imaginar que la Argentina resuelve de manera sostenible su deuda) es: ¿Cuánto más aumentará la deuda durante la gestión de Alberto Fernández? La consultora 1816, en base a los datos informados por Martín Guzmán, estima que este año 2022 la deuda se incrementará en U$S 10.000 millones. Esto se adicionaría a los U$S 5.000 millones que aumentaría la deuda con el FMI para reforzar las reservas actuales del Banco Central, más el desequilibrio fiscal del 2023. El informe de la consultora realiza una cuenta sencilla, que surge de los dichos de Guzmán.

Las necesidades financieras de este año serían del 3% del PIB (2,5% del acuerdo con el FMI más 0,5% por los intereses de la deuda en dólares). Eso sería equivalente a U$s 14.000/15.000 millones de rojo fiscal, que sería cubierto con un ingreso de U$sS4.000 millones del BID y Banco Mundial (nueva deuda), con 1% del PIB de emisión monetaria y otra cifra similar de nueva deuda tomada en el mercado local con tasas reales positivas. El relato del desendeudamiento, con esto, queda como otro eslogan de campaña, aunque claramente agrava la situación del tamaño de la deuda argentina (en los últimos dos años, el aumento de la deuda del gobierno de Alberto Fernández ha sido del orden de U$S15.000/16.000 millones).

Los anuncios del viernes último son el primer paso de una comedia trágica que lleva dos años de negociación y requerirá mucho más trabajo de acercamiento de las partes. Para el ciudadano común el bálsamo financiero que abre este entendimiento, apenas cambiaría su percepción económica: la inflación seguirá horadando sus ingresos.