Miramar: preventiva por el crimen de Luciano Olivera

La Justicia de Mar del Plata impuso ayer prisión preventiva al policía bonaerense acusado de matar de un disparo en el pecho al adolescente Luciano Olivera, el último 10 de diciembre, en la localidad balnearia de Miramar, informaron fuentes judiciales.

La medida dispuesta por el juez Saúl Errandonea, del Juzgado de Garantías 2, recayó sobre el efectivo Maximiliano Abel González (25), al que le imputó el delito de “homicidio triplemente agravado por haber sido cometido por miembro de una fuerza de seguridad, mediante el empleo de armas de fuego y con alevosía”.

Según las fuentes, el magistrado que interviene durante la feria judicial de enero hizo lugar al requerimiento efectuado el jueves último por la fiscal de la causa, Ana María Caro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Miramar.

A partir del fallo del juez, el imputado González seguirá alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y en función del delito que pesa sobre él podría ser condenado a prisión perpetua en un futuro juicio oral.

Al ser notificado de la resolución, Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Luciano, destacó el “trabajo duro y constante” de la fiscal y dijo que seguirán investigando a “todos y cada uno de los que de un modo u otro fueron partícipes de este asesinato a sangre fría”.

“Espero que al final de todo se haga la Justicia que esperamos”, señaló Cecilia Aristegui, tía de la víctima, quien adelantó que el próximo 10 de enero realizarán una marcha al cumplirse un mes del crimen.

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En su pedido, la fiscal Caro había solicitado que el policía permaneciera detenido por la pena en expectativa y por el peligro de entorpecimiento de la investigación que podría existir si el acusado fuera excarcelado.

FUNDAMENTOS

Caro consideró que “existen indicios de que el imputado en libertad intentaría fugar y de esta forma eludir la acción de la justicia, atento el monto de pena prevista para el delito que se le atribuye, sumado a la circunstancia que resulta ser efectivo policial, pudiendo en libertad contar con recursos para sustraerse a la investigación o entorpecer la misma”.