El gobierno japonés revocó una ley de 1896 que sostiene que durante un divorcio, las mujeres embarazadas tienen que esperar 100 días antes de poder casarse de nuevo. Además, la norma elimina una regla que otorgaba a los padres el derecho de “disciplinar a los niños hasta donde sea necesario”.
La ley, que está en vigor desde hace más de un siglo, no aplica a los hombres y estaba pensada como una forma de ayudar a la identificación del padre que era responsable económicamente de un bebé recién nacido. Antes de su revisión en 2016, la norma prohibía volver a casarse durante 6 meses. Los críticos de la norma que hicieron campaña para que se revocara sostuvieron que con esa ley “juzgan anticuada y discriminatoria” a las mujeres.
El gobierno entregará el código civil revisado a la actual sesión parlamentaria que termina el 10 de diciembre y si se aprueba, se espera que entre en vigor en 2024, según los medios locales.
Japón ocupa sistemáticamente una posición baja en el informe anual del Foro Económico Mundial sobre la brecha global de género, que tiene en cuenta la participación política y económica de las mujeres, así como la salud y la educación.
En 2022 el país ocupaba el puesto 116 de 146.
Hace dos años, el gobierno aplazó el objetivo de que al menos 30% de los puestos de dirección en empresas y política sea ocupado por mujeres.
Según un nuevo plan de cinco años, se realizarán esfuerzos para alcanzar el objetivo de aquí a 2030 y ya no en 2020.
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