El jefe de los “copitos” habló de “algo groso”

Una expareja del detenido Nicolás Gabriel Carrizo, el denominado jefe de “la banda de los copitos” e imputado por el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, declaró ayer que el hombre le dijo a principios de agosto que “iba a pegar algo groso” y que se iba a “cagar en guita”, según informaron fuentes judiciales.

Yaquelin, madre del hijo de cuatro años de Carrizo, brindó un testimonio en el que aseguró que ese diálogo se produjo el pasado 2 de agosto, un mes antes del intento de magnicidio: “Me dijo no sigas con este tema de las pensiones, esperame unos cuantos meses porque me va a salir bien este negocio groso y te voy a poder dar las pensiones, a vos al nene y su otra mujer y a su otro hijo. Que se iba a cagar en guita. Así me dijo”, relató la mujer ante la Justicia.

“El 2 de agosto de 2022 es la última vez que lo vi y fue lo que conté. Yo me quedé mirándolo y le dije que siempre decía lo mismo. Esto mismo me lo dijo muchas veces varios años antes. Siempre me decía que le iban a salir negocios grandes y que se iba a llenar de plata y no me iba a faltar nada”, continuó.

Aseguró que en ese momento no supo a qué hacía referencia con “algo grande” pero que un tiempo después y, tras ver la imagen de Carrizo en los medios, vinculó esa afirmación al ataque fallido contra la Vicepresidenta.

“Yo llegué a pensar que estaba vendiendo marihuana, pero él no me dijo eso. Cuando pasó lo de Cristina mi rompecabezas se armó. En un momento de enojo caí. Acá en la villa saben quien es el papá de mi nene y la gente me mira de pies a cabeza. Yo me puse mal porque por su moco la gente me mira mal a mí, mis familiares me bloquearon, me cerraron las puertas, yo caí en una depresión”, declaró.

Fue en ese contexto, explicó, que el 29 de septiembre último le mandó un mensaje de audio a Carrizo, quien ya estaba detenido y no disponía de su teléfono celular, en el que le decía que ahora entendía todo y que no iba a ver nunca más a su hijo.

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De todas formas, la mujer aclaró que nunca había escuchado a su expareja decir que tenía previsto atentar contra la vida de un Presidente o un expresidente o que lo hubieran contratado para eso.

Yaquelin contó ante el juzgado, la fiscalía y la querella que conoció a Carrizo en 2016, que tuvieron un hijo en 2018 y que se separaron en 2019; y lo definió como “un hombre machista, que la maltrataba y que solía incumplir con la cuota dineraria que le correspondía como padre”, según dijeron fuentes judiciales.

También recordó que en algún momento de 2018 Carrizo le había manifestado que si le pagaban por “hacer algo groso” él estaría dispuesto a hacerlo y aunque no supo a qué se refería con “algo groso” lo relacionó siempre con “algo malo”.

Durante la declaración, y ante una consulta específica, la mujer señaló que su expareja no tenía filiación política pero que se exponía en redes sociales criticando primero al expresidente Mauricio Macri y luego a la Vicepresidenta.

Carrizo está procesado desde el 30 de septiembre, cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti le achacó a él y a Agustina Díaz ser partícipes secundarios del intento de homicidio contra la Vicepresidenta, perpetrado el 1 de septiembre pasado.

Carrizo es el líder del grupo de vendedores de copos de nieve para el que trabajaban los coautores del ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos procesados con prisión preventiva.

PEDOFILIA

Por otro lado, Sabag Montiel, principal acusado del atentado contra la expresidenta, fue imputado ayer por la presunta tenencia “con fines de distribución” de imágenes “de abuso sexual infantil”. Así lo resolvió la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, quien acusó al ya detenido, de 35 años, después de que los investigadores descubrieran el material en su teléfono celular.

En concreto, por la posesión de 119 archivos de imagen y videos y la distribución de tres videos, todos ellos, según la investigación, con niños y niñas menores de 13 años.

La imputación, que se tramita en una causa diferente a la que investiga el ataque a la vicepresidenta y deberá ser ahora aceptada o rechazada por el juez, es, según las fuentes, por “tenencia con fines de distribución de material de abuso sexual infantil”.