El litigio por el baile sigue y hubo un corte de calle

Adolescentes y adultos que, según indicaron, forman parte de la comunidad de futuros egresados del Normal 2, protagonizaron un corte de calle en la tarde de ayer en 122 y 58, frente al complejo con el que mantienen un litigio en torno a la contratación del salón para el baile post entrega de título.

La movida deriva de un reclamo de padres y estudiantes tras la discordia con la administración de “Lisboa”, por la contratación de un servicio para realizar la fiesta, pactada para el 3 de diciembre.

Según sostienen en esa comunidad, tras suscribir un acuerdo con la empresa se encontraron con datos y obligaciones distintas. Entonces, reclaman que les devuelvan el dinero que ya pusieron. Por su parte, desde el comercio se afirma que se está pidiendo sólo lo que dice el contrato que se firmó con padres y estudiantes.

La movilización generó tensión frente al comercio. Mariela Solís, propietaria del complejo, salió a hablar con los manifestantes y luego llamó a la Policía.

Le dijo a a este diario que intentó dialogar, pero “fue imposible”. También, que les advirtió sobre el compromiso legal que podría generarles una pegatina que, según sostuvo, se empezaba a plantear en las paredes que dan a la avenida 122.

Más tarde, añadió que ante la controversia busca evitar la extensión del conflicto. Incluso, resignando parte de lo que le corresponde. “Están mal informados. Vinieron a rescindir el contrato y solo se les pidió, para que se les devuelva la plata, que pidan disculpas públicas porque se encargaron de decirle a todo el mundo que los estafaron”.

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“Me cansaron”

En ese sentido, Solís añadió que “hoy (ayer) vinieron 20 papás y 20 chicos. Ningún firmante del contrato. Tuve que llamar a la Policía”. Consideró que ya no se ve un punto de acuerdo: “Me cansaron. Ahora vamos por la legalidad, que dice que el 50 % de lo que pusieron (al firmar el contrato) lo pierden, pero no lo entienden”.

A fines de septiembre, cuando el grupo buscó asesoría legal para iniciar un litigio judicial, desde el grupo contaron que el año pasado contrataron el salón y empezaron a llevar dinero de las tarjetas que compraban las familias. Se indicó que juntaron alrededor de 760 mil pesos.

Entonces, comenzaron las diferencias con respecto al mínimo de asistentes, tanto para la cena como para el baile posterior. Desde el salón se asegura que todo está escrito en el contrato que luego se buscó romper.

“La reserva sigue y sigo perjudicada porque no puedo alquilar la fecha”, dijo Solís.