La condena de 35 años contra el profesor de música Lucas Puig, al ser encontrado culpable de dos casos de abuso sexual por parte del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, sigue generando debate.

Mientras la familia de las víctimas, a la luz de la sentencia, hablan de una resolución incuestionable y basada a derecho, la defensa del docente emitió ayer un duro comunicado con cuestionamientos al fallo, al que consideró fundado en cuestiones de fe y no en elementos de prueba.

“La sentencia entendió que la totalidad de la prueba de descargo rendida, resultaba contaminada, ello en base a los fundamentos de la sentencia. Es así que, respecto de la totalidad de directivos, docentes y auxiliares de la Institución San Benjamín, se acudió a calificarlos como de subjetivos, interesados y mendaces y que, en uno u otro sentido, también han pretendido salvaguardar alguna responsabilidad administrativa”, apuntaron los representantes letrados de Puig.

“Más allá de la absurda interpretación que pretendió asignarse a los testigos, ellos manifestaron claramente lo que vivieron y percibieron por sus sentidos”, agregaron.

“Al docente lo posicionaron en el ámbito escolar desnudo corriendo por el SUM, abusando de todos los menores de la sala (28), también desnudos, sin que nadie lo advirtiera, hasta llegar al pináculo del absurdo en sostener que el docente amenazaba en la sala, en clases, con un cuchillo a los menores , para acometer a sus bajos instintos y todo ello en presencia también de la docente a cargo, a la que se calificó como la garante de esos actos libidinosos”, explicaron.

Para los abogados Daniel Apaz, Adrián Fernández Koenig y Gastón Nicocia, para la sentencia “los testigos resultaron contaminados por los preceptos que arrastraban, sostenido como dogma colectivo, de interés en el resultado de la causa y que tenían además un previo acuerdo. En el mismo sentido inexplicable, se formuló una afrenta contra los padres testigos (que declararon en el debate) de compañeros de las supuestas víctimas manifestando la sentencia, respecto de los mismos su falta de objetividad, o peor aún que los mismos, en relación a sus hijos, no generaron rapport (falta de empatía con sus propios hijos)”.

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Según los letrados, “las condenas erradas o los procesos indebidos, son la consecuencia exclusiva de acciones individuales, y del sistema de justicia, obedeciendo a factores sistémicos que permiten que prosperen acusaciones que no reúnen mínimos estándares probatorios, o que solo se apoyan en rumores y juicios morales sobre los presuntos responsables”.

“La sentencia carece de toda razonabilidad, se aleja del propio sentido común, presentando ausencia de motivación razonada, viola la correcta administración de justicia, cuando ni siquiera se reparó en el alegato de la defensa, sobre los puntos salientes respecto a la comprobación o no, de los hechos imputados, directamente se seccionó esa parcela fundamental, al punto tal de la insólita ausencia de contra réplica de los acusadores en los alegatos”, mencionaron.

También que “se han descartado los testimonios de quienes se encontraban presentes en el día y lugar de los hechos imputados y se desacreditó a todas las pericias oficiales por motivos fútiles”.

“Entendemos que en este proceso jamás se pudo adquirir un mínimo nivel de certeza para fundar una decisión, en base a la prueba, sino que solo se presentó como una cuestión de fe y un abuso de poder jurisdiccional para condenar a un inocente”, concluyeron.