Ciudad del Vaticano

El Vaticano expresó su “sorpresa” y “pesar” por el nombramiento de un obispo en una diócesis de China no reconocida por la Santa Sede, por considerar que viola el acuerdo sellado en 2018 con Pekín.

En un comunicado de prensa, “la Santa Sede tomó nota con sorpresa y pesar de la noticia de la ‘ceremonia de investidura’, el 24 de noviembre en Nanchang, de monseñor Giovanni Peng Weizhao, obispo de Yujiang (provincia de Jiangxi), como ‘obispo auxiliar de Jiangxi’, una diócesis no reconocida”.

“Este acontecimiento no se desarrolló conforme al espíritu de diálogo que existe entre las partes vaticana y china y a lo estipulado en el acuerdo provisional (de 2018) sobre el nombramiento de los obispos”.

El Vaticano reveló el mes pasado que había renovado por segunda vez el acuerdo que permite a Pekín y a la Santa Sede tener voz en el nombramiento de los obispos en China.

Desde hace décadas hay dos iglesias católicas en China, una que responde a Pekín y una congregación “clandestina” que permanece fiel a Roma, a menudo a costa de enormes sacrificios personales.

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El acuerdo de 2018 permitió a Pekín elegir obispos y hacer que la Santa Sede aprobara su designación, pero algunos lo calificaron de “traición” a los católicos clandestinos de China.

El Vaticano consideró que el “reconocimiento civil” del nuevo obispo había tenido lugar, “según las informaciones recibidas”, sobre el fondo de “presiones prolongadas e intensas de las autoridades locales”, sin dar más detalles.

“La Santa Sede espera que no se repitan episodios similares” y ha dicho que espera una comunicación al respecto por parte de las autoridades chinas.

El Vaticano “reafirma su plena disponibilidad a proseguir el diálogo respetuoso sobre todas las cuestiones de interés común”.

El acuerdo de 2018 fue renovado a pesar de las tensiones que surgieron tras la detención del cardenal retirado Joseph Zen, uno de los más antiguos cardenales católicos de Asia, por las autoridades de Hong Kong.

Este prelado de 90 años es uno de los seis disidentes condenados el viernes por administrar un fondo multimillonario para la defensa de los manifestantes antigubernamentales detenidos en virtud de la legislación de seguridad nacional que Pekín impuso en 2020, un año después del estallido de manifestaciones masivas, a veces violentas. (AFP)