Castillo resiste en Perú: nuevas protestas y más represión

LIMA

El expresidente peruano Pedro Castillo, acusado de “rebelión” y “conspiración”, seguirá detenido en una base policial luego de que un tribunal de apelaciones declarara infundado ayer su pedido para revocar la orden judicial que lo privó de su libertad.

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El juez César San Martín decidió tras una audiencia virtual “declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado”, que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar ocurrida el miércoles pasado.

El magistrado señala en el fallo que existe riesgo de fuga, ya que Castillo intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.

El exmandatario izquierdista permanecerá detenido en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) al este de Lima hasta hoy, cuando se cumple el plazo de detención preliminar.

La resolución judicial abre la vía a la fiscalía para presentar un pedido de prisión preventiva contra Castillo por un plazo mayor de tiempo.

“NO SOY LADRÓN NI CORRUPTO”

“Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo Castillo en la audiencia en su primera declaración pública desde su destitución y detención ocurridas hace una semana.

“Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón”, agregó. “Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”, acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado, tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte de un desacreditado Congreso que tiene un índice de desaprobación de 86 por ciento, según los últimos sondeos.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente la jefatura de Estado, como prevé la Constitución. “Llamo a la calma, a la paz, a que podamos vivir como hermanos”, dijo a la prensa Boluarte. Y anunció que está evaluando declarar el “estado de emergencia a nivel nacional” por las protestas.

MILITARES EN LA CALLE

Por estas horas, las fuerzas armadas patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia. Las violentas manifestaciones contra Boluarte persisten y hay numerosas rutas bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, según señaló un balance de la policía.

Las regiones más agitadas se encuentran en el sur, donde está la turística Cusco, en Arequipa, segunda ciudad del país, en Puno, y en Apurímac, cuna de Boluarte. En el norte las regiones más convulsionadas son La Libertad y Cajamarca, cuna de Castillo.

En Lima las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías en una desigual batalla campal de armas artesanales y piedras contra armas de fuego y gases lacrimógenos.

Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron ayer un “paro indefinido” en demanda de elecciones generales. La huelga ya provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.

El aeropuerto de Cusco está cerrado desde el lunes luego de que manifestantes intentaran tomarlo.

Boluarte busca negociar con el Congreso el adelanto de elecciones generales de julio de 2026 a abril de 2024.

El miércoles pasado, Castillo ordenó en un mensaje al país la disolución del Parlamento y la intervención del sistema judicial, horas antes que la cámara debatiera su destitución por presunta corrupción. Y anunció que gobernaría mediante decretos.

Finalmente, fue detenido por sus guardaespaldas cuando se dirigía a la embajada de México para asilarse. La fiscalía, que lo investiga por corrupción, le imputó el delito de “rebelión” y “conspiración” en flagrancia.

Antes de su fallido autogolpe, la fiscalía ya investigaba a Castillo por liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares. También investiga si cometió otros delitos, como tráfico de influencias en la compra de nafta por parte de la estatal Petroperú en 2021 y obstrucción de la justicia en el despido del ministro del Interior (que autorizó el arresto de algunos de sus aliados).