LIMA
El gobierno de Dina Boluarte declaró ayer el estado de emergencia nacional en Perú y propuso adelantar las elecciones a 2023 para aplacar las violentas protestas que sacuden el país tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo.
“Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos”, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola, aunque aseguró que la policía y las fuerzas armadas controlan la situación.
Las protestas y tomas de aeropuertos y rutas han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.
Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Castillo y su posterior destitución y detención el miércoles pasado.
Aseguró inicialmente que gobernaría hasta el fin del mandato de Castillo en julio de 2026, como prevé la Constitución.
Pero una ola de manifestaciones que exigen la liberación del exmandatario así como elecciones inmediatas, la llevaron a proponer un adelanto de los comicios primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023. “Legalmente los tiempos calzarían para abril de 2024; sin embargo haciendo reajustes, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre de 2023”, dijo ayer Boluarte a la prensa.
El Congreso se reunirá en pleno hoy jueves para debatir la propuesta de ir a las urnas a fines del año próximo.
“SIGUE EL ATROPELLO”
Castillo, un maestro rural de izquierda de 53 años, está acusado de “rebelión” y “conspiración” por la fiscalía, que busca mantenerlo en prisión preventiva durante 18 meses.
El juez que debía tratar el pedido, Juan Checkley, reprogramó la audiencia para hoy tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido todos los documentos de la causa.
Castillo cumplió ayer el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Castillo se negó a participar en la audiencia virtual que prorrogó su detención. “¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, tuiteó.
Otro tribunal rechazó el martes una apelación de Castillo para recuperar su libertad al considerar que existe riesgo de fuga, ya que el expresidente intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.
Castillo permanece detenido en un cuartel policial en Lima frente al cual se agolpan un centenar de sus simpatizantes desde hace varios días.
“Nos vamos a quedar acá hasta que nuestro presidente salga y vaya nuevamente al sillón presidencial de palacio de gobierno”, dijo Roxana Figueroa, una asistenta social de 59 años.
MILITARES EN LA CALLE
Numerosas rutas permanecían bloqueadas ayer en 14 de las 24 regiones del país, según la policía. En Cusco, la policía dispersó con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes cerca de la terminal aérea, que sigue cerrada. Centenares de pasajeros quedaron varados.
En el pueblo de Machu Picchu, vecino a la famosa ciudadela inca, unos 780 turistas de diferentes nacionalidades se encuentran también varados por la suspensión del servicio de trenes desde hace tres días.
“Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, agregó.
En Arequipa, segunda ciudad del país, los militares custodian locales públicos y el aeropuerto internacional -que los manifestantes intentaron tomar el lunes- para evitar actos de vandalismo. Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un “paro indefinido” para exigir elecciones generales.
La fiscalía de Perú también investiga desde hace meses a Castillo por liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares.
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