Castillo seguirá preso: las calles de Perú, al rojo vivo

Un juez peruano ordenó anoche que el depuesto presidente Pedro Castillo permanezca en prisión preventiva durante 18 meses, como lo había solicitado la fiscalía.

La decisión del juez se anunció un día después de que el gobierno declarara un estado de emergencia para tratar de calmar las violentas protestas que se viven en el país.

Según el Ministerio de Salud, durante las manifestaciones han fallecido al menos diez personas. La Defensoría del Pueblo reportó más de 300 heridos y, según la Policía, casi la mitad son de su institución.

El juez César San Martín Castro emitió el fallo días después de que el Congreso despojara a Castillo del privilegio que impide que los presidentes de Perú enfrenten cargos penales.

Castillo y su equipo legal se negaron a participar en la audiencia virtual, argumentando que carecía de las más “mínimas garantías’’. Estuvo representado por un abogado de oficio.

Las protestas más fuertes ocurren en el sur del país, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho). Más de un centenar de rutas están bloqueadas, complicando transporte y abastecimiento. El tren a la turística de Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.

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Cerca de 2.000 camiones de carga bolivianos están varados en el sur de Perú, en la frontera con Bolivia. “La situación es desesperante, los compañeros choferes están atrapados en diferentes puntos de bloqueo, ya no se puede transitar”, dijo en La Paz el dirigente del sindicato de choferes de Bolivia, Pedro Quispe.

En Lima, decenas de manifestantes acampan alrededor de una prisión policial donde se encuentra detenido Castillo, un maestro rural de izquierda, de origen humilde, que intentó dar un golpe el 7 de diciembre y cerrar el Congreso. No encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.

El expresidente fue detenido en “flagrancia” cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Luego fue acusado de rebelión y conspiración.

Desde la cárcel, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.

Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman “terroristas”.

“Desde día uno que (Castillo) asumió la presidencia y es más, en la campaña (presidencial), nosotros ya éramos terroristas, éramos ‘terrucos’. No lo dejaron gobernar, éramos ladrones, éramos corruptos”, recordó Vilma Vásquez, sobrina del expresidente, en las afueras de la prisión. “Nos vamos a quedar hasta que salga. Invoco a que las marchas sean pacificas”, dijo Vásquez, de 42 años.

Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.

Despliegan un lienzo con la imagen del cacique Tupac Amaru II, con sus extremidades amarradas a cuatro caballos, como cuenta la historia que fue su ejecución tras rebelarse contra los españoles en la colonia.

Pero su rostro ha sido reemplazado por el de Castillo y en lugar de caballos están la fiscalía, el Congreso, la prensa y el poder económico.

Unas 300 personas marcharon ayer en los alrededores de la prisión gritando “Castillo, libertad”, bajo un fuerte resguardo policial.

Ante las protestas, el gobierno de Boluarte declaró el miércoles un estado de emergencia por 30 días, lo que permite a las Fuerzas Armadas participar en la seguridad interna.

El Congreso estudia elecciones generales anticipadas para 2023. “Nos vamos todos”, dijo Boluarte

Ayer, durante una ceremonia en la Fuerza Aérea, Boluarte exhortó al Congreso a aprobar la reforma constitucional para adelantar las elecciones generales del 2026 al 2023.

“Invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos, aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo”, dijo.

El Parlamento inició el debate para adelantar las elecciones generales, lo que requiere de una reforma constitucional.

La Fiscalía, mientras, consideró que el exmandatario es “coautor” de un golpe de Estado junto con quienes fueron sus primeros ministros, Betsy Chávez y Aníbal Torres. Explico que, de ser hallado culpable en un juicio, Castillo podría recibir una pena de hasta 10 años de cárcel.