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La polémica en torno al convenio que permitirá generar casi 1.000 lotes en Altos de San Lorenzo está lejos de terminar. La oposición, que la semana pasada rechazó la iniciativa durante su votación en el recinto del Concejo por considerar la zona de alto riesgo de inundación, llevará el caso al Tribunal de Cuentas bonaerense.
Así lo anunció ayer el presidente de la comisión de Desarrollo Local del deliberativo, Guillermo “Nano” Cara, quien calificó la norma recientemente sancionada como “una ilegalidad” por carecer de informes de prefactibilidad que vuelvan su desarrollo viable “antes de ser votado por el deliberativo”.
Se trata de unas 53 hectáreas, donde un desarrollador privado prevé la generación de 948 nuevos lotes. Según consta en el expediente, el proyecto se enmarca dentro de la ley provincial 14.449 de acceso justo al Hábitat, por el que 141 lotes deben ser destinados a viviendas sociales.
Durante la última sesión del Concejo, el jueves pasado, se trataron varios expedientes de ordenamiento del suelo pero éste fue el más polémico. El bloque del Frente de Todos expresó su resistencia por la ausencia de las prefactibilidades técnicas del emprendimiento para el desarrollo de agua potable, cloacas y las obras hidráulicas que impidan la inundación del lugar.
Es que los peronistas afirman que tanto el informe realizado por la UNLP como la subsecretaría de Hidráulica de la Provincia y la Autoridad del Agua (ADA) califican ese macizo rural con “grado tres” de zona inundable (ver imagen).
“La mancha oscura, en el medio del polígono, es calificada grado tres en el riesgo de inundación”, insistió Cara. Y si bien sus compañeros de bancada Yanina Lamberti, Paula Lambertini, Luis Arias y Juan Granillo Fernández cuestionaron la ordenanza en el mismo sentido, Cara fue más allá y anunció que hoy denunciará las “irregularidades” del expediente en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Al defender la iniciativa, el concejal del garrismo y presidente de la comisión de Planeamiento, Javier Mor Roig, explicó que “se trata del primer paso en ese convenio, que se celebra a través de la ley de Hábitat”, y que “ahora se iniciará un proceso para cumplimentar el resto de los pasos requeridos”.
Sin embargo, Cara afirma que esa dinámica no sólo es “improcedente” sino también “ilegal”. !Toda la normativa provincial y municipal señala que para la votación en el Concejo de este tipo de loteos se requiere antes informes de prefactibilidad y no están”, dijo. Por lo tanto, no se sabe si el barrio de más de 5.000 personas que se proyecta tendrá, finalmente, agua de red, cloacas y obras hidráulicas que permitan el drenaje del agua en una zona que en 2013 fue catastrófica”, añadió el peronista.
Por eso, insistió, realizará hoy la denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, órgano que se ocupa de fiscalizar las gestiones municipales. “Lo denunciaré porque esto no es una diferencia de criterios políticos: aquí está en juego la vida”, concluyó.
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