LONDRES

La Justicia británica concedió ayer al rey emérito Juan Carlos inmunidad legal hasta su abdicación en 2014, lo que el padre del actual monarca español reclamaba intentando mitigar una demanda por acoso presentada por su examante en Londres.

Tres jueces del Tribunal de Apelación londinense dictaminaron que la “alegada conducta previa a la abdicación es inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país”.

El exmonarca, de 84 años, defendía desde 2021 que no podía ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978.

Sin embargo, un juez de la Alta Corte se lo había denegado en marzo argumentando que ya no es miembro de la casa real y que incluso antes de su renuncia, los “actos de acoso” que le imputa la empresaria germana Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, de 57 años, con quien mantuvo una relación extramatrimonial entre 2004 y 2009, no se beneficiaban de dicha protección.

El Tribunal de Apelación accedió después a reexaminar la cuestión, pero únicamente mientras fue jefe de Estado.

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Dado que el rey emérito no fue autorizado a reclamar inviolabilidad tras su abdicación, la demanda por acoso, paralizada por este recurso, podría proseguir en una fecha por determinar.

Sin embargo, sus abogados “también se reservaron el derecho a impugnar por otros motivos la jurisdicción” relativa a acusaciones posteriores a 2014, reconocieron los jueces en su decisión escrita.

“Si Juan Carlos mantiene esos argumentos, esperamos que la Alta Corte los rechace”, reaccionaron representantes de la empresaria, admitiendo su “decepción” por esta decisión pero enfatizando que “la mayor parte de la demanda de Corinna se refiere al acoso presuntamente ocurrido tras la abdicación”.

Nombrado jefe de Estado en 1975 a la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue respetado durante décadas por permitir el retorno de la democracia a España.

LAS ACUSACIONES

Pero una serie de escándalos a partir de 2012 derrumbaron su imagen, llevándolo a abdicar en favor de su hijo, Felipe VI, y en agosto de 2020 a exiliarse en los Emiratos Árabes Unidos, donde vive desde entonces.

Denunciando ocho años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación, la empresaria -divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen- presentó en 2020 una demanda civil contra él por acoso en Londres, donde ella reside.

Asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012 buscando recuperar “regalos” que incluyen 65 millones de euros (68 millones de dólares). Reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento. No hay riesgo de cárcel o extradición al rey emérito, que niega las acusaciones.

Larsen acusa al general Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de amenazarla personalmente y de enviar a agentes a acosarla por orden de Juan Carlos.

Sin embargo, contrariamente a lo que afirmó en un principio, asegura que este se lo pidió como un favor personal entre amigos y no en su calidad de monarca recurriendo al jefe del espionaje, sobre el que no tenía ningún poder oficial.

Para subrayar este comportamiento “privado” sus abogados corrigieron recientemente su demanda, eliminando toda referencia a los servicios secretos españoles, algo que los jueces del Tribunal de Apelación censuraron ayer, considerando que “cualquier solicitud de modificación debe estar apoyada por pruebas sobre sus méritos”.