Presunta estafa inmobiliaria a las puertas del juicio

Desde 2010, un centenar de personas viene denunciando a un desarrollador inmobiliario por presuntas estafas en la construcción de edificios en la zona céntrica de la Ciudad por medio de fideicomisos. La maniobra habría ocasionado un perjuicio millonario y para el fiscal Juan Menucci, a cargo de la investigación, está probada la autoría. Por eso pidió la elevación de la causa a juicio oral, medida que fue apelada por la defensa del acusado.

De acuerdo a fuentes judiciales, la conducta señalada como reprochable “consistía en crear fideicomisos de construcción al costo con los que recaudaban el dinero de los aportantes -en algunos casos cancelando el total de la unidad-, y luego no terminaban las obras. Nunca devolvían lo invertido e incluso se pedía más plata con la excusa de no tener cómo continuar las obras”.

Entre los damnificados aparecen nombres muy conocidos, entre ellos profesionales, comerciantes e incluso exfutbolistas.

Para Menucci, el titular fiduciario “defraudó los derechos y la confianza en él depositada al no administrar los fondos monetarios que fueron aportando al Fideicomiso conforme su finalidad -por ejemplo la construcción de un edificio de departamentos en la calle 41 entre 13 y 14-, tomándolos para sí para luego darles un destino a le fecha incierto, que impidió avanzar con la obra en cuestión sin que se llegara nunca a finalizar, privando así a los beneficiarios de obtener el fruto de la inversión”.

El empresario sospechado fue identificado por los voceros de tribunales como Bruno Mario Billiani, quien se escudó en los problemas que supuestamente le ocasionó la UOCRA, por entonces comandada por Juan Pablo “Pata” Medina.

Sin embargo, para el fiscal Menucci la coartada no tiene sustento legal.

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“Aún brindándole verosimilitud a tales circunstancias, no explican el destino brindado a los fondos aportados -ni que ocurrió años anteriores- ya que el estado de la obra no refleja la inversión realizada”, señaló.

“Esto empezó entre 2009 y 2010. En el boom inmobiliario que hubo en ese tiempo se hizo muy requerida su empresa de construcciones que trabajaba de forma tercerizada”, explicaron los denunciantes. Y aún hoy los cimientos de edificaciones nunca concluidas “son el fiel reflejo del daño causado”, expresan las personas que acudieron a la Justicia en busca de una reparación.

Cabe destacar que por este caso también hay procesos en el fuero civil, donde, al margen de la señalada responsabilidad penal, se busca una reparación económica por los perjuicios que se habrían ocasionado.

Se supo que una situación similar se estaría viviendo con varios emprendimientos en la ciudad de Saladillo.

INDIGNACIÓN

En diálogo con este diario, uno de los damnificados había indicado que “el 20 de diciembre de 2010 firmé junto con otros beneficiantes fiduciarios el contrato del fideicomiso de 41 número 912. A partir de esa fecha empecé a realizar aportes, por unos 50 mil dólares. El constructor estimaba un plazo de obra menor a 36 meses, es decir que en el peor escenario el edificio debería haber estado terminando para finales de 2013”. Nada de eso sucedió.

Luego, también en 2010, “firmé otro contrato, del fideicomiso de 13 número 739. Por este llegué a pagar una suma cercana a los 65 mil dólares”, añadió.

Sin embargo, “nunca hizo una gestión transparente ni cumplió con su obligación contractual de rendición de cuentas”, concluyó indignado.