Nicaragua contra Ong y universidades privadas

MANAGUA

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobernante Frente Sandinista, canceló ayer la personería jurídica de 14 asociaciones universitarias y Ong (organizaciones no gubernamentales) vinculadas al sector académico y a la Iglesia católica.

LE PUEDE INTERESAR

Pocas mujeres en las aulas de Afganistán

LE PUEDE INTERESAR

Perú, con el tercer cambio de gabinete en seis meses

Con una mayoría de 75 votos, los diputados suspendieron los permisos de trabajo a la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Paulo Freire, Universidad Popular Nicaragüense (UPONIC) y seis asociaciones de desarrollo ligadas a la Iglesia católica en la norteña provincia de Estelí.

También fueron afectadas con la medida la Fundación Michelangelo, la Asociación de Fomento de Graduados, la Asociación de Estudios Humanitarios (UNEH) y la Asociación de Cantautores Nicaragüenses, fundada por el conocido músico Luis Enrique Mejía Godoy, entre otras.

CRÍTICOS DEL SANDINISMO

Varias de esas Ong están asociadas a académicos con posiciones críticas al gobierno de Daniel Ortega y a personajes de la Iglesia católica, varios de cuyos sacerdotes respaldaron la revuelta social de 2018, que los sandinistas calificaron como “un fallido golpe de Estado”.

En el caso de la universidad UPOLI, fue uno de los epicentros de las protestas de jóvenes estudiantes en abril y mayo de 2018, cuando la represión policial dejó al menos 355 muertos y más de 2.000 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su solicitud al Poder Legislativo, el Ministerio de Gobernación argumentó que todas esas organizaciones “incumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro”, lo cual afecta la “transparencia” requerida por la institución.

La misma justificación se presentó en 2021 para cancelar la personería jurídica a casi una docena de Ong cuyos directivos eran figuras críticas al gobierno sandinista.

Gonzalo Carrión, abogado del comité de derechos humanos “Nicaragua Nunca Más”, con sede en Costa Rica, cuestionó la “arbitraria e inconstitucional” cancelación de permisos a las Ong.

“Esta decisión viola el orden constitucional que establece que Nicaragua es una sociedad plural y con participación de diferentes iniciativas, incluyendo privadas”, dijo Carrión en una declaración filmada, tras recordar que varias decenas de ONG han sido proscritas en el país en los últimos cuatro años.

“El propósito es imponer un modelo de pensamiento único, una sociedad vertical para contribuir a la perpetuidad de Ortega en el poder”, aseguró.

Por su parte, Alexa Zamora, dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que Ortega “pretende ahogar cualquier expresión académica que esté fuera de su control, poniendo en riesgo el futuro de la educación y de los alumnos de estas universidades”.

La Iglesia católica no se pronunció de inmediato sobre la suspensión de las asociaciones vinculadas al quehacer religioso.

“SESIÓN DE TORTURA”

En tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó ayer de “sesión de tortura” el juicio contra la dirigente opositora Ana Margarita Vijil, acusada de “menoscabo a la integridad nacional”, que se lleva a cabo en una cárcel policial en las afueras de Managua. Las abogadas defensoras están incomunicadas y les quitaron sus libretas con apuntes para dificultarles su trabajo. (AP y EFE)