Rescatan a 16 personas obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas

“Tomaban agua de un pozo, dormían sobre la tierra encima de cuevas de ratas y comían porquerías. Vivían en deplorables condiciones de salubridad, y entre ellos hay siete menores de edad”, fue el crudo relato que un vocero hizo de la situación en la que se encontraban 16 personas en un campo de la localidad de Etcheverry.

Todas fueron rescatadas en las últimas horas, en una causa por “explotación laboral y reducción a la servidumbre” en la que interviene la UFI N° 1, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield. Se trata de cinco hombres, cuatro mujeres y siete niños de nacionalidad boliviana, al igual que el único imputado.

Los encontraron en una quinta situada en 232 entre 38 y 44, mientras trabajaban en las plantaciones.

Y, según las fuentes, no serían los únicos: “se pudo establecer que varios de los trabajadores se habían retirado de lugar días antes junto con sus familias, luego de la inspección realizada por el personal del Ministerio de Trabajo que diera origen a la presente pesquisa”, señalaron.

ESCLAVOS EN EL SIGLO XXI

La investigación se inició tras una denuncia realizada por María Soledad Elichabe, Directora de Coordinación de Medidas de Protección y Restitución Ante el Trabajo Infantil y Adolescente, dependiente de la mencionada cartera provincial.

En la presentación, se alertaba sobre “una presunta situación de explotación laboral infantil llevada adelante por el propietario de un establecimiento hortícola”, remarcaron los portavoces consultados.

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Posteriormente, se identificó que el lugar era conocido como “Quinta Muñoz”, dedicado al cultivo de vegetales y “emplazado en un predio de aproximadamente cuatro hectáreas y media de superficie”, detallaron.

Conforme precisaron los investigadores, se “constató que el imputado explotaba a nueve personas mayores de edad y a cuatro menores de edad, los cuales” vivían en su lugar de trabajo, “en varias casillas de madera y nylon y en una construcción de mampostería antigua, semi derruida”, manifestaron. Las mismas “se hallaban en pésimas condiciones de higiene y salubridad”, agregaron.

Asimismo, establecieron que “el empleador los obligaba a trabajar en situaciones riesgosas, exponiéndolos a una instalación eléctrica precaria, y no les proveería de los elementos de seguridad ni la ropa de trabajo adecuada”.

En ese contexto, los menores eran “forzados a trabajar en el cultivo de vegetales y en el arado de surcos”, además de ser “sometidos a maltratos físicos y psicológicos” y sin la posibilidad de una “escolarización adecuada”, reflejaron.

Tampoco les proveía de agua potable, “obligándolos a consumir agua de una perforación expuesta a la contaminación de los diferentes agroquímicos que se utilizan en el predio”; y los hacía dormir con “animales domésticos en un área con cuevas de ratas y otros roedores”.