En 2013 se creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, ley que comenzó a funcionar en 2018.
Sin embargo, la norma no vino a traer las herramientas que se esperaban al conseguir su sanción.
La idea fue implementar una base de datos con el material genético de todos los condenados por delitos sexuales que tengan sentencia firme. Además, obligatoriamente, un juez debe ser el encargado de ordenar la extracción.
Nombre, DNI, nacionalidad, antecedentes, domicilio, alias, localización actual, si está preso o tiene libertad condicional. Todos esos datos tienen que estar volcados en una ficha, la cual, una vez completa, habilitaría el pedido de muestra.
De todas formas, las estadísticas indican que son pocos los magistrados que han hecho uso de la ley. Las causas son un misterio.
Ante esta situación, el diputado bonaerense Nahuel Sotelo, del partido Avanza Libertad, insistió con el Registro Público de Violadores para volcar allí los datos actualizados de los criminales sexuales.
“Si la Justicia suelta un violador, que la sociedad no lo sufra. La tasa de reincidencia es altísima en estos delincuentes y no se la pueden llevar de arriba con vericuetos judiciales”, opinó.
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