El kirchnerismo podría avanzar con la presentación del pedido de juicio político a los miembros de la Corte, en caso de que mañana el presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti, asuma la presidencia del Consejo de la Magistratura.
El viernes se cumplió el plazo fijado por la Corte para que el Consejo de la Magistratura cambie su balance entre consejeros técnicos y políticos. Y como ese proceso no se completó, el presidente del alto tribunal ejercería la presidencia de ese organismo clave encargado de nombrar y remover jueces y fiscales.
“El lunes 18 se cumple el fallo”, aseguran fuentes de la Corte haciendo coincidir la fecha con la elección del consejero académico, el último que resta de los nuevos miembros técnicos, integrados por abogados, magistrados y académicos o científicos.
La voluntad de la Corte Suprema para hacerse cargo del Consejo quedará explícita cuando convoque a los nuevos consejeros a la jura en los cargos, que solo el alto tribunal puede formalizar.
La pregunta en el Consejo es si la Corte hará jurar a los consejeros técnicos, prescindiendo de los políticos que debe elegir el Congreso pero cuyo proceso se encuentra detenido por disputas políticas y en medio de una medida cautelar dictada por un juez federal de Paraná.
Para el kirchnerismo, la intención de la Corte Suprema de asumir las riendas del Consejo de la Magistratura constituye un avasallamiento sobre las atribuciones del Congreso, el encargado de legislar sobre la cuestión.
Hace diez días la mayoría oficialista del Senado dio media sanción al proyecto del Gobierno que establece una nueva integración del Consejo con 17 miembros, aunque sin representación de la Corte Suprema; Juntos por el Cambio votó en contra. Resta aún la media sanción de la Cámara de Diputados, pero como este trámite no se cumplimentó antes del plazo de 180 días impuesto por la Corte Suprema -que venció el viernes-, Rosatti anunció que asumiría la presidencia del Consejo de la Magistratura con su vieja integración de 20 miembros.
“La Corte pretende que el Congreso legisle bajo extorsión: no solo impone plazos para que ambas cámaras sancionen una ley modificatoria del Consejo de la Magistratura, sino que además advirtió que si no lo hace en tiempo y forma restituirá una ley derogada en 2006 y que asumirá su presidencia. Un verdadero atropello que desconoce el poder soberano del Poder Legislativo para dictar sus leyes”, dijo en ese marco el diputado K Leopoldo Moreau.
Pese a que para la Corte Suprema los plazos están vencidos, el oficialismo en la Cámara de Diputados insistirá en convertir en ley la media sanción del Senado, que excluye al máximo tribunal del Consejo de la Magistratura. No parece una tarea sencilla.
El oficialismo no cuenta con los votos suficientes en la Cámara baja para excluir a la Corte Suprema de la futura integración del Consejo. Así, tendrá que negociar modificaciones al texto proveniente del Senado.
La posibilidad de un nuevo conflicto institucional la esbozó el mismo presidente del Consejo, el camarista penal Alberto Lugones.
“El fallo dice que el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) se hará cargo (del Consejo) cuando se produzca la integración conjunta y simultánea. Yo no inventé ese encorsetamiento que se puso la Corte, lo pusieron ellos”, recordó.
Es otra de las lecturas de la controversia en medio del nuevo capítulo de tensión entre el kirchnerismo, que busca excluir a la Corte del Consejo de la Magistratura, y el alto tribunal.
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