Los puntos de tensión del Gobierno por el aumento de las tarifas y la cuestión de los subsidios

En medio de las presiones por la reducción del déficit, el Gobierno afronta una encrucijada con respecto al incremento de las tarifas de dos de los principales servicios públicos como la luz y el gas, lo cual se pondrá en marcha a partir de junio en sintonía con las actualizaciones que exigen las empresas. En ese sentido, se debate a contrarreloj por aplicar un quite total de los subsidios a los hogares de mayores recursos o una disminución de los subsidios para mitigar un fuerte impacto en las facturas. 

Al respecto, las audiencias públicas que se realizaron la semana pasada no fueron el único espacio de debate. En medio de la escalada inflacionaria, el tema se cuela en la calle, en los espacios opositores e incluso en el seno del propio Gobierno que es receptor de todo lo anterior. El punto es cómo logrará equilibrio el Gobierno en relación a esos dos problemas, que son el incremento de las tarifas que golpea a los clientes y la necesidad de achicar el gasto del Estado en subvenciones, teniendo en cuenta el golpe al bolsillo que viene asomando de la mano del creciente descontento en la gente. 

Las encuestas que manejan en la Casa Rosada indican que el 45,6% de los usuarios consultados optaron por la continuidad de los subsidios de los servicios públicos, mientras que el 41,9% consideró que deberían eliminarse. Por otro lado, en el electorado del Frente de Todos, el 78% se mostró a favor de seguir con los subsidios, 10% que incluso deberían elevarse y 7% que lo mejor sería eliminarlos. Y los votantes de la oposición se mostraron a favor de la quita total en un 64% y 30 % se inclinó por la continuidad. 

En ese sentido, el Gobierno captó que los usuarios, sobre todo quienes lo votaron, rechazan el incremento de las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, no es el único punto de preocupación en materia de subsidios. En las provincias el tema es de suma preocupación porque de reducirse las subvenciones eléctricas las empresas distribuidoras deberán pagar más por la energía recibida, lo cual da lugar a dos consecuencias: que no pague y aumenten la deuda con Camessa, o que trasladen el incremento a los clientes. 

El otro frente del Gobierno se abre en la propia coalición gobernante a partir de diferencias evidentes. Cabe remarcar que en las audiencias públicas no participan ni la primera línea de la Secretaría de Energía ni los interventores de los entes reguladores, que son los actores que tienen la última palabra y que van a tener que implementar los aumentos de tarifas que se tratan en tales audiencias. 

Según las estimaciones, el gas natural aumentará para los usuarios promedio un 40% y la energía eléctrica 25%, en ambos casos impactaría en las facturas finales en un 20% a partir de junio.