Fiesta en Olivos: la fiscalía aceptó la donación ofrecida por el Presidente

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez expresó ayer su acuerdo con la donación de 1,6 millones de pesos a una institución vinculada al ámbito de la Salud ofrecida por el presidente, Alberto Fernández, para que se cierre la causa por la celebración del cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos, en 2020, cuando las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del Covid no lo permitían.

El fiscal presentó su conformidad ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien deberá decidir si homologa el acuerdo, tras lo cual el presidente tendrá 10 días hábiles para depositar el dinero en el banco que le sea indicado, informaron fuentes judiciales.

“Considero razonable la propuesta efectuada en tanto habrá de destinársela a la adquisición de recursos para la investigación científica en materia de salud”, sostuvo Domínguez en el dictamen de 11 páginas, en el que además postuló que la donación fuera destinada a la administración nacional de laboratorios Carlos G. Malbrán.

El acuerdo económico como vía de solución alternativa –que de ser aprobado no sería el primero de esta causa- está previsto en el artículo 59 del código penal, cuyo inciso 6 establece que se extinguirá la acción penal “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.

La propuesta en nombre del Presidente había sido realizada la semana pasada por sus abogados en esta causa, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso.

El representante del ministerio público fiscal refirió en su dictamen que la propuesta realizada “cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19 más cuatro días de internación en un módulo de atención UCI con ARM con pacientes con Covid-19, o un total de cuarenta días de internación en módulo de atención UCI con ARM de paciente con Covid.

El fiscal remarcó en su dictamen que no se juzga la gestión de un gobierno, ni la gestión de la pandemia, sino que se evalúa “la responsabilidad personal en el hecho” y planteó que el reproche “no es moral, ni ético, ni político” sino que es un “reproche por un hecho antijurídico”.

“Frente al derecho penal Fernández no tiene menos derechos que el resto de las personas por ser Presidente”, dijo, por lo que no lo inhabilita a avanzar por la vía de la solución alternativa de conflictos.

La diferencia en los montos que cada imputado pueda ofrecer para alcanzar un acuerdo económico tienen que ver, entre otras cosas, con el patrimonio demostrado por cada uno.