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La fiscalía peruana informó que decidió ampliar una investigación al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada.
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“El presidente fue notificado de la presente disposición, y se ha ordenado su declaración indagatoria, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos”, agregó la fiscalía por Twitter.
Con esta decisión, Castillo ahora será incluido en el caso del consorcio “Puente Tarata III”, por el que se investiga si un exministro de Transportes, seis congresistas, un exsecretario general de la presidencia y dos sobrinos del mandatario integran una supuesta red criminal encabezada por el presidente.
La empresaria lobista Karelim López acusó al mandatario y a su entorno más cercano, incluidos varios sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos y obras en el Estado.
La empresaria López coopera con la fiscalía bajo el paraguas jurídico de una “colaboración eficaz” (delación premiada). Si se comprueban sus delaciones, podría obtener una menor pena en caso de que sea condenada por la Justicia.
La legislación peruana impide investigar a un presidente cuando ejerce el cargo. Castillo finaliza su mandato en julio de 2026. (AFP)
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