Imputan a Mayra Mendoza por un presunto desvío de fondos

El fiscal federal Ramiro González imputó ayer a la intendente kirchnerista de Quilmes, Mayra Mendoza y ex funcionarios, por el presunto desvío de fondos por 535 millones de pesos a un conjunto de cooperativas que se encuentran relacionadas con integrantes del municipio.

“En el estado en que se encuentra el presente proceso insto el ejercicio de la acción penal contra Sebastián Raspa, Mayra Soledad Mendoza, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler”, sostiene el dictamen.

La investigación también apunta al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda. Fueron imputados también Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler. “Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González.

La causa se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé a raíz de una publicación en el medio El Disenso que aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.

De acuerdo a la denuncia, Raspa había sido Subsecretario de Hábitat del referido municipio, mientras que Cangelosi -quien sería su pareja- era funcionaria de la misma intendencia. Relató que a los nombrados se les habría pagado la suma de $535.000.000, destacando además que Raspa tendría tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público, en las cuales figuraría como director Bordalejo, quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa.

Asimismo, indicó que “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas off shore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.

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La denuncia añadió que “la gente que prestaría funciones haciendo los trabajos que le son conferidos a Raspa recibían planes sociales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sin concedérsele remuneración alguna”, motivo por el cual “todos los fondos públicos van a parar a las arcas personales de Raspa y los demás con la venia de la intendente Mendoza y sus funcionarios”.

En base a la denuncia, el fiscal González le notificó al juez federal Ariel Lijo el impulso de la causa y solicitó llevar adelante una serie de medidas de prueba que incluye la compulsa del padrón de entidades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en donde están registradas todas las cooperativas, informes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los datos sobre las cooperativas denunciadas en este caso. También se pidió informes a la Inspección General de Justicia y a la Dirección de Personas Jurídicas.

Hay tres cooperativas bajo la lupa: la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Limitada, la Unión de Azul, Progreso y La Estrella.