Siguen las sospechas sobre el funcionamiento de las cooperativas en el municipio de Quilmes. Después de la denuncia periodística que dio lugar a la intervención de la Justicia, por lo que la intendenta Mayra Mendoza está siendo investigada por el presunto desvío de unos 535 millones de pesos a cooperativas vinculadas a ex funcionarios municipales, ahora el escándalo sumó un nuevo capítulo.
Ahora el foco estaría puesto también en un grupo de cooperativas que también recibieron fondos vinculadas en este caso al Movimiento Evita, cercano al presidente Alberto Fernández.
"Hay más cooperativas que no logran explicar sus números. Esta vez, son las del Movimiento Evita", afirmó el conductor de Periodismo Para Todos (PPT). Es ahí donde entra en escena la concejal del Frente de Todos Patricia Iribarne, quien tendría a su cargo la administración de las cooperativas "Feliz atardecer", "Arroyo", "La montonera" y "Julio Roqué".
"Hay que hablar con el contador. Los que podamos facturar que facturen, qué sé yo. Y los que no, veremos cómo mierda hacemos para conseguir la factura", decía Iribarne en un audio difundido, en el que además instaba a hablar con el contador.
En otro audio difundido anoche, el que hablaba era, precisamente, uno de los contadores de la cooperativa. "Lo que falta es UCAP, un programa del año 2020. Yo empecé en 2019. A partir de ahí hicimos una presentación con algunas cositas que nos pasaron y nada más. Quedó todo a rendir porque todos sabemos lo que pasó con la plata. No sé dónde están las facturas porque no sé si están los gastos hechos como pedía el programa", explica el hombre.
Según el conductor de PPT, "la guita del Estado bajaba a las cooperativas militantes, se esfumaba por algún `guitaducto´, y a la hora de rendir cuentas no sabían de qué disfrazarse. En este caso eran fondos del ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de Provincia".
Iribarne estaría siendo investigada por la Justicia por una presunta malversación de caudales públicos junto a su pareja, Fabio González, integrante de peso en el Movimiento Evita "que fue funcionario de Mayra hasta 2020", desempeñándose como "el nexo entre la guita de los programas sociales y las cooperativas".
DE QUILMES A MIAMI
La justicia federal sigue la pista de dos personas que figuran en la documentación de las empresas radicadas en Miami que podrían guardar relación con la ruta de 535 millones de pesos que salieron del municipio de Quilmes y que terminaron en manos de tres cooperativas. Se busca determinar si parte de esos fondos se enviaron al exterior como parte de operaciones de lavado de dinero. Son dos nombres los que se repiten en la creación de las offshore y en su poder de administración.
La fiscal de Quilmes, Silvia Cavallo, menciona en su dictamen acusador a dos personas -que aún no están imputadas-, que son Wendy Silva y Jaime Parlade. Figuran en la documentación de las empresas radicadas en Miami, las tres que son investigadas como administradora y creador de las mismas, respectivamente. Silva y Parlade tienen fijado domicilio en Miami.
Se mencionó en el dictamen a estas dos personas como un común denominador en las tres empresas a las cuales la justicia federal les sigue la pista para conocer sus integraciones, los movimientos de fondos que tuvieron y qué actividad tenían en Florida.
Hay al momento suficiente información que da cuenta de una “serie de maniobras desplegadas desde el municipio para desviar fondos públicos a través de cooperativas de trabajo, en beneficio de funcionarios públicos, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas offshore a las cuales se derivaba el dinero desviado”, había dicho Cavallo que investiga el caso en Quilmes junto al juez federal Luis Armella.
En Comodoro Py hay otro expediente que lo lleva el fiscal Ramiro González. Para el fiscal “hay tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público". Se trata de “Raspa Investments LLC”, “Borda Investments LLC” y “SCO Investments LLC”. En todas ellas figuran Martín Bordalejo y José Alejandro Scozzari, los empresarios contratados por el municipio.
Las dos personas sobre las que se pidió información son la administradora y el responsable de haber creado las tres offshore. Parlade figura en la documentación como el agente registrado que fijó, incluso, el domicilio de las tres empresas radicadas en Florida.
Mientras que Silva Wendy figura como la persona autorizada y responsable de gestionar los últimos cambios que se hicieron. Por ejemplo, en SCO Investments LLC se hicieron modificaciones en la constitución societaria donde fue eliminado Martín Bordalejo. La operación fue registrada por Silva Wendy.
La justicia quiere determinar el lazo de estas dos personas con quienes están imputados en el expediente, puntualmente con Bordalejo, Scozzari que figuran en las offshore y con Sebastián Raspa, el ex funcionario de Mayra Mendoza que guarda lazos comerciales con los empresarios.
SUSCRIBITE a esta promo especial