La Corte Suprema dispuso que la justicia ordinaria tramite una denuncia penal por supuesta exigencia de dinero por parte de una dirigente a beneficiarios de un plan social en la provincia de Córdoba, ya que implicaría un conflicto entre “particulares”, sin perjuicio para los intereses del Estado, informaron hoy fuentes judiciales en los Tribunales de esta capital.

Luego de que una persona denunció a una dirigente de la organización Barrios de Pie en Córdoba, se generó una “cuestión de competencia negativa” entre el juzgado federal 1 y el de Control y de Faltas 2 de esa provincia, que la Corte definió a favor del segundo, al ponderar que en el supuesto no se habrían afectado intereses del Estado, sino de particulares.

El fallo, unánime y firmado en forma digital por todos los ministros de la Corte, se remitió al dictamen del Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal.

Según constancias de la causa, hubo una “exigencia indebida” de la dirigente social para que entregara “parte del dinero del plan Salario Social Complementario que ellos perciben”.

bajo amenaza

La denunciante sostuvo que la acusada “aguarda a los beneficiarios en las inmediaciones de las entidades bancarias para el cobro indebido, bajo amenaza de dar de baja el subsidio si no acceden a su requerimiento”.

Agregó que la mujer denunciada “los habría coaccionado para que participen activamente en manifestaciones sociales con la amenaza de que, en caso contrario, no les entregaría la mercadería” que consigue Barrios de Pie.

La jueza provincial declinó su intervención porque, según su criterio, se habrían afectado intereses nacionales.